“Valiéndose de las ventajas que le proporcionaba ser quien facilitaba trabajos a una persona sin recursos” mantuvo relaciones sexuales con mujeres en situación irregular en España, en su mayoría con cargas familiares en su país, carentes de apoyos cercanos y desconocedoras del idioma. El acusado, al que los magistrados consideran también autor de un delito contra los derechos de los trabajadores, deberá indemnizar con 30.000 euros a cada una de las víctimas.
