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El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha comenzado a realizar envíos aéreos de ayuda alimentaria en el estado del Alto Nilo, Sudán del Sur, para asistir a miles de familias que enfrentan una grave crisis alimentaria debido al conflicto armado que se intensificó en marzo. Más de un millón de personas en esta región sufren niveles agudos de hambre, y 32.000 están en situación catastrófica. La agencia busca llegar a 470.000 personas durante la estación de escasez, pero los combates y limitaciones logísticas complican el acceso. Además, el PMA enfrenta una falta crítica de fondos y necesita urgentemente 274 millones de dólares para continuar su labor humanitaria.

En Gaza, miles de bebés sufren desnutrición crítica debido a la falta de acceso a ayuda humanitaria, según UNICEF. La directora ejecutiva del organismo, Catherine Russell, advierte que muchas madres han fallecido o están demasiado desnutridas para amamantar, poniendo en riesgo la vida de sus hijos. A pesar de que hay camiones con alimentos y suministros esperando en la frontera, el acceso sigue obstaculizado. La situación se agrava con bombardeos recientes que han dejado más de cien muertos y un creciente número de personas sin comida. La ONU pide abrir los cruces para facilitar la entrada de ayuda y proteger a la población civil.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado una nueva orden que permite a las personas con infección por el VIH donar sus órganos a otros pacientes con la misma condición. Este cambio, impulsado por el Ministerio de Sanidad y la Organización Nacional de Trasplantes, deroga una normativa de 1987 que limitaba estas donaciones. La ministra Mónica García destacó que esta medida no solo aumentará la disponibilidad de órganos para trasplante, sino que también ayudará a reducir el estigma social asociado al VIH. En España, alrededor de 50 pacientes con VIH esperan un trasplante cada año, y se estima que en la última década, 65 personas fallecidas con VIH podrían haber donado sus órganos. Con este avance, se busca mejorar los resultados en los trasplantes y ofrecer más opciones a los pacientes afectados por esta infección.

El Ministerio de Sanidad ha instado a las comunidades autónomas a garantizar el acceso equitativo y efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, según una carta del secretario de Estado de Sanidad. A pesar de la legislación vigente desde 2010, muchas mujeres enfrentan barreras que dificultan este acceso en el sistema público de salud. Para evaluar el cumplimiento de la ley, se elaborará un informe basado en datos autonómicos. En caso de incumplimientos graves, se enviarán requerimientos formales y se podrían iniciar procedimientos legales para asegurar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el país.

España, a través de su ministra de Sanidad Mónica García, ha lanzado una Plataforma de Acción internacional desde la Cumbre de Sevilla para reformar la gobernanza de la salud global. Durante el foro «España en el Modelo de Gobernanza de Salud Global», García destacó la necesidad de un sistema multilateral más eficiente y cohesionado, con la Organización Mundial de la Salud como eje central. La propuesta incluye garantizar financiación sostenible para la OMS, clarificar mandatos de organismos internacionales y fomentar el diálogo entre actores multilaterales. Además, se busca transformar la arquitectura financiera de la salud mediante impuestos sobre productos nocivos y fortalecer la producción local de insumos médicos en países en desarrollo. España reafirma su compromiso con un modelo sanitario público y universal que priorice a las personas y promueva una mayor equidad global en salud.

Ana Redondo, ministra de Igualdad, ha afirmado en un evento del Pacto Birregional por los Cuidados que "las mujeres no somos cuidadoras por naturaleza" y ha subrayado la importancia de reconocer y remunerar los cuidados. Durante su intervención en la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo en Sevilla, destacó que el 70% de las responsabilidades de cuidado recaen sobre las mujeres, lo que obstaculiza el avance hacia la justicia social. Redondo también se reunió con Ana Güezmes de CEPAL para discutir acciones en favor de los derechos de las mujeres en América Latina y Caribe. La ministra aboga por una financiación estatal adecuada para los cuidados, considerándolos esenciales para combatir la violencia y promover la igualdad de género. Para más detalles, visita el enlace.

Jose Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, ha reafirmado el compromiso de España con la salud mundial al anunciar un aumento del 11,5% en los fondos destinados al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. España contribuirá con 145 millones de euros para abordar estas enfermedades en un momento crítico. Esta iniciativa resalta la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra las pandemias y mejora la salud global.

España y Chile han firmado un memorándum de cooperación entre sus ministerios de Derechos Sociales para impulsar sistemas de cuidados innovadores. Este acuerdo busca promover un enfoque de género y comunitario en la atención, acelerando el cambio en el modelo de cuidados en ambos países. La colaboración se enmarca dentro de los esfuerzos por avanzar en derechos sociales y mejorar la calidad de vida de las comunidades.

El Congreso de España ha aprobado un informe de la Comisión de Sanidad que propone establecer un modelo de salud mental con enfoque en derechos humanos, prevención del suicidio y aumento de recursos humanos. Este informe, respaldado por todos los grupos excepto VOX, busca mejorar la atención integral a la salud mental y combatir el estigma asociado. Las recomendaciones incluyen incrementar las plantillas de profesionales, humanizar los procesos de atención y priorizar medidas para prevenir conductas suicidas. La diputada Carmen Andrés destacó la importancia de visibilizar los problemas de salud mental en la agenda política. El texto ahora pasará al Pleno del Congreso para su discusión final.

La crisis en Gaza se agrava, ya que el 80% de las unidades de cuidados intensivos están al borde del cierre, afectando a las parturientas en un momento crítico, con 130 mujeres dando a luz diariamente. Además, la distribución de alimentos ha caído un 80%, pasando de más de un millón de comidas diarias a cifras alarmantes. La situación del combustible se ha convertido en una cuestión de vida o muerte para los habitantes de la región.