¿Es razonable decir que España no podrá soportar un gasto máximo en pensiones equivalente al 14% del PIB en 2050, cuando Francia e Italia invierten hoy más de eso? ¿Pone realmente en peligro la supervivencia del sistema de pensiones la mayor esperanza de vida? ¿Es obligatorio que el sistema de pensiones esté ligado a las cotizaciones a la Seguridad Social?
Estas son algunas de los argumentos que el Gobierno de Mariano Rajoy está empleando para justificar la necesidad de aplicar la reforma de las pensiones elaborada por su grupo de expertos.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, trata de vender como un éxito el supuesto ahorro de 33.000 millones de euros que supondrá la reforma tan sólo de aquí a 2022. El éxito es de dudosa ética si se tiene en cuenta que esa cifra que ahorra la ministra se consigue no actualizando las pensiones con el IPC y, por tanto, quitando poder adquisitivo a uno de los sectores más vulnerables de la población: los jubilados.
"La argumentación del Gobierno y los expertos es una falacia y una traición contra los intereses de la mayoría", denunciaba Héctor Illueca desde los despachos de Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados tras haber mantenido una reunión con el diputado Alberto Garzón.
Como firmante del documento, Garzón defendió ayer que la reforma "es una barbaridad", "una vergüenza" y "un asalto al botín cuyo único objetivo es el de privatizar el sistema de pensiones".
Ese es otro de los puntos que trata de desenmascarar el manifiesto, ya que el proyecto promovido por Báñez favorece o al menos extiende la idea de que si el Estado no puede garantizar las pensiones, entonces lo mejor es optar por los fondos privados.
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