El gobierno busca evitar así "ningún género de duda" sobre el uso de estos fondos. A partir de ahora los gastos de representación serán exclusivamente para los usos que fije la ley, de manera que los gastos reembolsables serán siempre con presentación de los justificantes.
Además, según explicaba la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la línea con una norma de ámbito internacional para luchar contra el blanqueo de capitales, se ampliará el número de altos cargos cuya actividad estará sometida a un "control reforzado" y cualquier movimiento "llamativo" en las cuentas corrientes que controlen estas personas con responsabilidad pública será comunicado.
Aunque de las 40 medidas, muchas son de carácter técnico hay dos que destacan sobre las demás. La primera es que Hacienda investigará el patrimonio de los cargos públicos cuando dejen su puesto. El objetivo de esta novedosa medida es comprobar que su patrimonio "no ha sufrido variaciones injustificadas que proporcionen indicios de un enriquecimiento ilícito".
Esta iniciativa se articulará en una ley reguladora del ejercicio de las funciones públicas que creará un Estatuto del Cargo Público que regule el ejercicio y las funciones de los políticos y que incluirá un control de sus declaraciones patrimoniales.
A esta medida le sigue una segunda medida llamativa: se regula la actividad de los tesoreros de los partidos políticos y se establece la obligatoriedad para ellos de comparecer una vez al año en el Parlamento para explicar las cuentas de sus respectivas formaciones.
El Gobierno busca igualmente con todas estas medidas aclarar y unificar toda la normativa que existe relativa a los cargos públicos, que es dispersa, que lleva "muchas veces" a los ciudadanos a pensar que estos cargos tienen "una serie de derechos que no son tales".
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