La acusación presente en el caso Bankia en representación del movimiento 15MpaRato ha remitido este jueves ante la Audiencia Nacional una nueva documentación que, en su opinión, podría dar un vuelco al proceso pues si se demostrara la veracidad de estas pruebas, la comercialización de preferentes habría sido "totalmente ilegal".
Las nuevas pruebas aportadas al juez Fernando Andreu consisten en una serie de hojas con el sello de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) e Iberclear (empresa encargada del registro técnico de las operaciones de compra y venta) que parecen reproducir la distribución de los suscriptores que invirtieron en estos productos financieros complejos y son concluyentes: "Ninguna institución financiera ha adquirido esto". Tan solo se vendieron a particulares y familias en un 98,9%, y a pymes en un 1%. El juez Andreu deberá ahora validar o no estas nuevas pruebas.
Y es que, según los datos de la propia Comisión Europea (reflejados en el plan de reestructuración de BFA-Bankia aprobado en noviembre de 2012), el tramo de inversores institucionales de las preferentes y deuda subordinada asciende a 1.849 millones de euros, del total de 6.911 millones emitidos.
El hecho de que presuntamente ningún inversor "profesional" haya comprado estos valores supone (a juicio de la acusación que representa al 15-M y a un grupo de pequeños accionistas "forzosos", ya que en 2012 les canjearon sus preferentes por acciones de Bankia) "un escándalo", ya que indica que se vendieron unos productos que eran imposible de comercializar entre otros inversores.
"El hecho de que estos productos se vendieran única y expresamente a gente humilde y sin suficientes conocimientos bancarios, a pequeños ahorradores, es totalmente ilegal y la encargada de haberlo evitado no es otra que la CNMV, la cual, además, conocía esta información", sostienen desde el 15MpaRato en el escrito que han remitido al juez.
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