El Ministerio de Sanidad intentaba rebajar así la gravedad de los datos de la lista de espera que ofrecen la realidad más gráfica de los efectos que están teniendo los recortes sobre la atención sanitaria a la población: el plazo para una operación pasó en seis meses —de junio a diciembre de 2012— de 76 a 100 días por los recortes.
Si entre 2004 y 2010 el tiempo medio de espera, tras múltiples planes de choque autonómicos, se había rebajar de 78 días a 65 (siempre en datos globales, porque Sanidad, al igual que las comunidades mantienen su pacto de silencio para evitar que se puedan comparar los resultados entre las distintas autonomías y los distintos gobiernos con sus respectivas políticas sanitarias), en dos años esta demora ha subido hasta los 100 días registrados en diciembre de 2012, un 53,8% más.
El otro indicador de calidad, el de pacientes que superan el máximo legal de espera de 180 días (seis meses) aguardando para ser intervenidos, ha tenido una evolución aún peor: en 2004 era el 9,1% del total; en 2010 bajó al 5,4%. Ahora en 2012 son ya el 16,5% (un aumento del 205% en dos años).
“Las patologías no han cambiado, así que la causa tiene que ser la política de recortes en personal”, asegura Ferrán Martínez, exdirector de la Escuela Nacional de Salud.
Martínez cree que, teniendo en cuenta cómo había sido la evolución anterior, salvo que haya un plan de choque —que él ve improbable en este momento— se tardará “mucho tiempo” en volver a los niveles de antes de la crisis.
Tanto como 8 o 10 años en reducir el tiempo de espera medio para ser operado. O 12 en bajar el porcentaje de quienes esperan más de medio año en que los operen.
En la misma línea, el portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, José Martínez Olmos, quien ya ha pedido la comparecencia de la ministra, Ana Mato, cree que las posibles soluciones, “muy improbables”, son que haya una decisión de contratar personal y volver a pagar jornadas extra, algo que las comunidades han dejado de hacer, o que “alguna comunidad tenga la tentación de concertar más intervenciones con la privada, aunque eso también cuesta dinero”.
De hecho, en 2013 las comunidades redujeron un 15% el dinero que aportaban a los conciertos con la sanidad privada.
Pero para Martínez Olmos los datos de las esperas, que no se espera que mejoren, servirán para que estas compañías los usen de reclamo para captar clientes, ya que los pacientes pueden elegirlas si la alternativa es una larga demora en la pública.
El PSOE también ha desmentido la otra explicación dada por la portavoz de Sanidad: que como los responsables de la gestión sanitaria son las comunidades, el ministerio poco menos que se limita a recoger y publicar los datos. “Eso es una excusa. El problema de la sanidad es de financiación, y eso depende del Gobierno del que forma parte la ministra”, dice Martínez Olmos.
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