En el marco de las reivindicaciones de tierras y las protestas para lograr mayor autonomía por parte de los mapuches —la mayor etnia chilena—, el funcionario de la ONU Ben Emerson exhortó al Gobierno a dejar de aplicar la Ley Antiterrorista y, en cambio, utilizar las leyes comunes en la decena de casos hoy en curso contra 85 indígenas.
“Chile no está enfrentando ninguna amenaza terrorista”, aseguró Ben Emmerson, relator especial para la ONU de derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.
Tras una visita oficial que comenzó el 17 de julio, Emmerson ha dado a conocer las observaciones preliminares de su trabajo en una rueda de prensa que realizó en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en Santiago de Chile, donde explicó que ley se ha aplicado de modo discriminatorio y confuso, “lo que ha resultado en verdadera injusticia, ha menoscabado el derecho a un juicio justo y se ha percibido como estigmatizante”.
A juicio de Emmerson, quien cree que seguir por el mismo camino podría causar “una violencia generalizada” en el sur de Chile, donde habita esta etnia, “la legislación se ha convertido en parte del problema y no parte de la solución. Se ha aplicado de forma desproporcionada contra los defendidos mapuches y se ha implementado sin una política coherente y objetiva”.
La Ley Antiterrorista dictada en 1984 durante la dictadura de Pinochet para enfrentar a grupos de resistencia, castiga con penas mucho más severas respecto a la legislación ordinaria a los casos de homicidios, secuestros, incendios y detonaciones de artefactos explosivos, lo que en la práctica implica, entre otras desventajas procesales, es la utilización de testigos sin rostro en los juicios y, previo a estos, permite periodos más extensos de prisión preventiva.
Después del retorno a la democracia en 1990, la ley se ha aplicado sobre todo en casos contra activistas mapuches, quienes —entre otras demandas, como protección de sus lugares sagrados y derechos de aguas— reclaman la restitución de los territorios despojados por la fuerza por el Estado chileno.
Según el periódico La Tercera, los incidentes —enfrentamientos con la policía, ataques incendiarios a camiones y casas y cortes de caminos— han aumentado un 76% entre 2009 y 2012 en la región de La Araucanía, ubicada a 700 kilómetros al sur de la capital.
En 2009, durante el Gobierno de Michelle Bachelet —la más probable ganadora de las elecciones presidenciales de noviembre—, que también recurrió a la normativa en casos de violencia en La Araucanía, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU ya la había instado a no aplicar la polémica ley contra mapuches.
Y es que en la zona afectada por los incidentes, viven al menos 500.000 mapuches, mientras que en todo Chile son cerca de 1.500.000, poco más del 10% de la población total del país.
Tras su visita de 14 días a Chile, Ben Emmerson ha pedido además un reconocimiento constitucional para el pueblo indígena dentro del Estado chileno y, “en un plazo definido y relativamente breve”, pide crear una “estrategia nacional” para afrontar el conflicto a largo plazo.
Además, el relator de la ONU quiere que se termine con el uso de la fuerza excesiva por parte de la policía en los allanamientos a las comunidades, haciendo hincapié en la impunidad de la violencia contra los indígenas, destacando para ello el caso de Matías Catrileo, un activista mapuche muerto en 2008 a causa del disparo de un carabinero. El agente no fue ni tan siquiera dado de baja de la institución tras ser identificado.
“Coincidimos en que, sin defender la impunidad, creemos que judicializar el problema no es la forma de resolver el conflicto entre el Estado y las comunidades mapuches”, dijo Lorena Fríes, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, organismo autónomo del Estado chileno.
Lorena Fríes se encuentra satisfecha con los planteamientos de Emmerson, pues apuntan a solucionar los problemas urgentes en la zona y también, a largo plazo, e insta al futuro Gobierno —que tomará posesión en marzo del año próximo— a ofrecer una solución integral al conflicto.
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