La mayoría conservadora del PP aprueba la nueva ley autonómica de caza y pesca fluvial, cuya modificación más llamativa es, sin lugar a dudas, la rebaja de la edad mínima para ser cazador desde los 14 a los ocho años. Los niños como el infante Froilan Marichalar, que a los 13 años se descerrajó un tiro en el pie, podrán tomar parte en caza con perros, trampas de redes o lazos y con hurones.
La diputada del PP Assumpció Pons apeló a las raíces, la tradición y la “cultura popular” para defender este punto de la reforma, que cuestionaron Cosme Bonet, del PSOE, y Antoni Alorda, del grupo econacionalista Més.
La reforma liberalizadora ha sido impulsada por las sociedades de cazadores y propietarios de cotos y ha sido aprobada, por urgencia en un pleno extraordinario, antes de que se abran las primeras vedas.
Los ecologistas del GOB (Grupo de Ornitología Balear) han denunciado que se han adoptado medidas a la carta para favorecer a los cazadores. Los proteccionistas critican que los menores puedan ahora “desarrollar todas las acciones inherentes al ejercicio de la caza” y cuestionan la influencia en la formación del menor del hecho de contemplar “cómo se da muerte con las manos a los tordos o los conejos atrapados” por redes o perros. “No es edificante ni positivo para el desarrollo de la personalidad social y el fomento del respeto a la naturaleza”, dice el GOB.
El abogado Gabriel Lladó, cazador, de Mallorca, ha respondido a estas críticas a la reforma con un mensaje en Twitter: “Todos empezamos a cazar de la misma forma: detrás del padre, desde pequeño y con los ojos bien abiertos. Ningún problema, pues”.
Los niños pequeños serán considerados “cazadores acompañantes” y podrán acudir a las cacerías tradicionales sin armas de fuego, bajo el amparo de sus familiares o cazadores adultos.