La medida ha enfurecido a las ONG helenas y ha puesto a Yeoryiadis en el disparadero de la opinión pública en sus primeros días de trabajo.
"Esa decisión estigmatiza a las personas con VIH. La han vuelto a admitir a pesar de haber sido juzgada como inconstitucional por los órganos jurídicos", explica Ioannis Proios, uno de los coordinadores de la ONG Thetiki Foni en defensa de los derechos de los seropositivos.
Según el reinstaurado decreto GY/39A de la ley sanitaria, la autoridad puede ejecutar "exámenes obligatorios" e imponer castigos como el aislamiento o tratamientos forzosos a quienes tengan enfermedades infecciosas. No sólo los sospechosos de ser portadores del VIH entran en los planes del ministerio: los afectados por la gripe, la tuberculosis, la malaria, la polio, la hepatitis o la sífilis, entre otros, también pueden ser sujetos a esa legislación.
También Human Rights Watch ha emitido un documento criticando el decreto: "Es muy preocupante que al nuevo ministro sólo le haya tomado un día recuperar una regulación que viola los derechos humanos, estigmatiza a los grupos vulnerables y se ha probado como contraproducente para proteger la salud pública", ha dicho Judith Sunderland, investigadora de la ONG en la Europa occidental.
Serán objetivo prioritario los adictos a las drogas intravenosas, los trabajadores sexuales, los 'sin papeles' y aquellos viviendo en condiciones que no cumplan los "estándares mínimos" de higiene, incluyendo los indigentes. Las fotografías de esas personas, además, podrían ser exhibidas en los medios de comunicación.
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