Se denomina programa de recualificación profesional para desempleados participantes en trabajos temporales de colaboración social, lo que permite a los Ayuntamientos solicitar hasta un total de cien desempleados para "obras y servicios de interés general".
Se trataría de empleos de un máximo de medio año que no tienen la consideración de trabajos por cuenta ajena, ya que el desempleado está obligado a desempeñar esta labor, por un máximo de 8 horas incluida formación (que es de un mínimo de 10 horas al mes) y la orientación (ocho), pero no será contratado ni dado de alta en la Seguridad Social, aunque perciba una renta que complemente su prestación, a pesar de que deje de contar en el registro como parado.
Los empleos incluyen desde la rehabilitación de viviendas, la vigilancia, la reparación de calles, de aceras o de alumbrado, los transportes públicos, la gestión de residuos, la prevención de incendios, las actividades de ocio y cultura o el turismo..., es decir, abarcan prácticamente cualquier sector en el que una administración pudiera necesitar de contratar a personal cualificado y en su lugar contrata a un desempleado de los que “cuestan” al estado y le pagan menos de lo convenido en cualquier convenio colectivo.
El Gobierno regional ha subrayado con mucho énfasis en que se basa en aplicar un real decreto que ya existe desde 1982. La novedad es que Madrid lo habría regulado con un decreto regional "para facilitar su aplicación", al tiempo que pone encima de la mesa 15 millones de euros en ayudas económicas a los municipios que quieran sumarse al programa, los cuales deberán presentar un proyecto detallado.
Esta es la segunda medida que prima a un sector concreto de los parados y que persigue aliviar el alto gasto en prestaciones sociales conocida en Madrid en apenas unos días, pues la semana pasada se conoció que el Gobierno regional habría ordenado priorizar a los que sí cobran ayudas a la hora de ofrecerles los puestos de trabajo que lleguen a las oficinas regionales, algo que desde el Ministerio de Fatima Bañez rápidamente han desmentido, a pesar de que la Administración regional asegure que solo se hace en cuatro y dentro de un plan piloto.
Sobre el nuevo decreto, CC OO denuncia una discriminación más y, aunque reconoce que este tipo de programas no es nuevo, afirma que no se realizaba "desde hace muchísimos años", según explica la responsable de Empleo del sindicato, Mari Cruz Elvira.
Además de la escasa formación que se ofrece a estas personas (60 horas en seis meses), Elvira entiende que se pueden cubrir puestos estructurales de los ayuntamientos con lo que algunos han calificado como “minijobs”, poniendo en grave riesgo la estabilidad del empleo, ya que la orden permite solicitar hasta 100 personas por municipio, sin importar el tamaño del mismo.
Recurrir a estos desempleados resultará mucho más barato que contratar, ya que la Comunidad sufraga solo la diferencia entre la prestación que reciban y el sueldo normal del puesto de trabajo.
Isabel Vilabella, secretaria de relaciones laborales y formación de UGT, también ha tildado la medida de "absolutamente rechazable". "Volvemos a dar empleo a los que cobran una prestación y se deja atrás a los que no la tienen", critica.
Y es que a su juicio, "genera muchos problemas", la principal es que el desempleado "no podrá buscar empleo porque estará trabajando ocho horas diarias" porque ni siquiera puede rechazar más de dos veces el empleo, sea el que sea y esté donde esté, sin perder su prestación de desempleo. Además, también cree que existe el claro peligro de que "se ocupen puestos de trabajo estructurales". "Pensemos sobre todo en las campañas eventuales como las piscinas en verano. Esos puestos se dejarán de ocupar en los Ayuntamientos", añade.
UGT recuerda que "recientemente muchos Ayuntamientos han hecho expedientes de regulación de empleo en los que han despedido a personal propio que en algunos casos estaba allí por oposición. Esos puestos se van a poder sustituir con desempleados". Vilabella aclara que, "mientras estén trabajando, los desempleados consumirán su prestación. De hecho, su salario será su propia prestación". "Los Ayuntamientos recibirán 500 euros mensuales por cada parado que contraten para pagar la seguridad social y cinco euros por cada hora de formación que se imparta. Y hay que cumplir los requisitos de 10 horas al mes", explica.
Frente a la ingente cantidad de críticas, no sólo desde los Sindicatos sino también desde patronal y oposición, la Consejería de Empleo responde que estos programas de colaboración social se realizan en otras comunidades como Andalucía y Cataluña y en el propio Madrid, la lista de consistorios que ya venían haciéndolo es "larga y de todos los signos políticos, desde Galapagar a Móstoles pasando por Aranjuez".
Y según empleo, muchos consistorios tienen hasta listas de espera porque no dan a abasto a cubrir estos puestos.
La consejera, Ana Isabel Mariño, ha defendido esta mañana la medida y ha hecho hincapié en que se basa en un decreto aprobado por "un Gobierno de izquierdas". Mariño ha apuntado que "no alcanza a entender" por qué estos planes levantan tanta controversia. "Hasta ahora nadie lo ha criticado y no entiendo cómo los sindicatos, si es verdad que trabajan a favor de los desempleados, se oponen que haya programas de recualificación porque el objetivo de la Comunidad es que los desempleados trabajen, los que cobran y los que no cobran prestación. Y de ese objetivo, pese a quien pese, no me van a apear", ha apostillado.
En contra de las críticas de los sindicatos, la consejera de Empleo ha afirmado que este programa dará suficientes horas de formación porque "la mejor formación, a parte de la cualificación formativa directa, es la práctica". "Los desempleados no pueden, de alguna manera, anquilosarse. Necesitan seguir practicando y seguir haciendo experiencia. Y en ese caso les damos experiencia complementada con formación, la suficiente. Y la mejor forma de recuperar la cualificación en estos casos es volver a trabajar", ha indicado.
La consejera ha explicado que las corporaciones tendrán demostrar el interés social de la colaboración que piden a la Comunidad, presentarle sus proyectos y detallar cuántos empleados necesitarán. El plazo para presentar los planes es de apenas un mes.
Tras el visto bueno de Empleo, las oficinas de empleo enviarán un número determinado de parados de acuerdo con el perfil de trabajo y cualificación requerida.
Los consistorios harán otra selección para ver si encajan en los requerimientos. Mariño ha destacado que va a priorizar las necesidades de los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes para potenciar allí los programas de dinamización turística y cultural para el desarrollo rural de la Comunidad.
En la Comunidad de Madrid más de la mitad de los parados carecen de ayudas y parece ser que esta medida no va dirigido a ellos que tendrán que seguir buscando trabajo a la antigua usanza.
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