Las supuestas coacciones y ataques a altos cargos del PP como Esteban González Pons o los diputados Antonio Gallego y Carmen Maniega podrían agilizar la medida que quiere imponer el jefe del Ejecutivo.
Los políticos se vieron obligados a acudir a la Policía por los insultos y acoso sufrido en sus propias viviendas, donde grupos de manifestantes empapelaron con fotografías y mensajes sus portales y fachadas.
El Partido Popular podría asignar en las próximas semanas una escolta especial a los dirigentes más destacados y conocidos, como los vicesecretarios generales Carlos Floriano, Javier Arenas y Esteban González Pons.
María Dolores de Cospedal, que cuenta hace tiempo con escolta, se muestra a favor de la medida de su partido, a pesar de ser duramente criticada por el resto de opciones políticas.
El Ministerio del Interior contempla una vigilancia distinta a la escolta habitual y que se retiraría cuando desaparecieran las circunstancias actuales.
La decisión final tendrá que tomarla el Cuerpo Nacional de Policía y los propios afectados, que podrían solicitarla si sienten una amenaza grave.
Rajoy culpa a la izquierda
La formación popular entiende que las coacciones a sus cargos públicos "no son casuales" y forman parte de una "estrategia organizada premeditadamente desde sectores de la izquierda", parecida en cierto modo a la que se produjo en 2003 cuando comenzó la guerra de Iraq y se producían ataques a las sedes del partido.
Rajoy descalificó a las plataformas responsables de este "acoso" en una reunión informal con el presidente de la República de Francia, François Hollande, en el Palacio del Eliseo de París: "No es democrático ni es justo ni propio de un país serio que se acose a personas y se les intimide, o se empapele la puerta de sus casas con sus fotos".
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