El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una nueva normativa destinada a regular el reconocimiento de las entidades del Tercer Sector de Acción Social que colaboran con la Administración General del Estado. Esta medida busca promover una acción pública más cercana, inclusiva y colaborativa.
La norma establece requisitos específicos para que estas entidades puedan obtener su reconocimiento, al tiempo que ofrece beneficios que simplifican su relación con las administraciones públicas. Así, se responde a una demanda histórica del Tercer Sector.
Nueva regulación y beneficios
Además, esta iniciativa crea un marco estable para coordinar la participación de las entidades en situaciones de emergencia. Esto refuerza la capacidad de respuesta de las administraciones y aprovecha la experiencia del Tercer Sector para llegar más rápidamente a quienes lo necesitan.
El Real Decreto, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, es un mandato derivado de la ley 43/2015 sobre el Tercer Sector de Acción Social. Este texto responde a una de las principales demandas del sector durante la última década.
Requisitos para el reconocimiento
Para acceder al estatus de entidad colaboradora con la Administración General del Estado (AGE), se establecen varios requisitos. Estos incluyen desarrollar actividades de interés general, tener al menos cinco años de antigüedad, no remunerar a los miembros de los órganos representativos con fondos públicos y contar con una estructura adecuada y medios suficientes.
La norma también contempla la creación de una Comisión de Evaluación compuesta por representantes de diez ministerios. Este órgano será responsable de valorar las solicitudes y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, bajo la presidencia del Ministerio de Derechos Sociales.
Beneficios adicionales
Las entidades que logren este reconocimiento podrán beneficiarse de diversas medidas diseñadas para fortalecer su sostenibilidad y mejorar su relación con la AGE. Estas incluyen la simplificación documental en los procesos para solicitar subvenciones, la posibilidad de firmar convenios específicos y el uso de un distintivo oficial que certifique su condición como entidad colaboradora.
Con esta normativa se busca aportar seguridad jurídica y fomentar un modelo más participativo en la gobernanza social, reconociendo así el valor estratégico del Tercer Sector como aliado fundamental para las instituciones públicas. Desde Derechos Sociales se destaca que esta legislación “asegura un desarrollo armónico” en las políticas sociales.
Supervisión y control
El Real Decreto también establece un sistema riguroso de supervisión y control a cargo de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales. Las entidades reconocidas deberán presentar anualmente un informe sobre sus actividades y estarán sujetas a un Plan de Evaluación y Control. Además, se prevé un procedimiento para revocar el reconocimiento en caso de incumplimientos o irregularidades.
Otro aspecto importante es cómo se regulará la participación activa de estas entidades en situaciones excepcionales que requieran atención social urgente, como emergencias climáticas o sanitarias. En tales casos, su intervención se organizará mediante planes específicos aprobados por la Comisión de Evaluación, mejorando así la coordinación con la Administración General del Estado.
Próximos pasos
Se espera que el Real Decreto entre en vigor el 2 de enero. A partir de esa fecha, las entidades interesadas podrán presentar sus solicitudes a través del sitio web del Ministerio correspondiente.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 5 |
Años de antigüedad mínima requerida para el reconocimiento |
| 10 |
Número de ministerios en la Comisión de Evaluación |
| 2 de enero |
Fecha de entrada en vigor del real decreto |
| 13 de julio de 2026 |
Fecha de publicación de la noticia |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué norma ha aprobado el Consejo de Ministros?
El Consejo de Ministros ha aprobado una norma para regular el reconocimiento de entidades del Tercer Sector de Acción Social que colaboren con la Administración General del Estado.
¿Cuál es el objetivo de esta norma?
El objetivo es impulsar una acción pública más cercana, inclusiva y colaborativa entre las administraciones públicas y el Tercer Sector.
¿Qué requisitos deben cumplir las entidades para obtener el reconocimiento?
Las entidades deben desarrollar actividades de interés general, tener una antigüedad mínima de cinco años, no retribuir a los miembros de los órganos de representación con fondos públicos, disponer de estructura y medios suficientes, y haber obtenido un certificado de calidad.
¿Qué beneficios obtendrán las entidades reconocidas?
Las entidades reconocidas podrán beneficiarse de medidas como la simplificación documental en solicitudes de subvenciones, la posibilidad de suscribir convenios específicos y el uso de un distintivo oficial que acredita su condición como entidad colaboradora.
¿Cómo se supervisará a las entidades reconocidas?
La Secretaría de Estado de Derechos Sociales ejercerá un sistema de supervisión y control, donde las entidades deberán presentar anualmente una memoria de actividades y estarán sujetas a un Plan de Evaluación y Control.
¿Cuándo entra en vigor el real decreto?
El real decreto está previsto que entre en vigor el 2 de enero, momento a partir del cual las entidades interesadas podrán presentar sus solicitudes.
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