La Guardia Civil ha puesto bajo investigación a un total de 38 individuos, incluyendo 36 personas físicas y dos jurídicas, por delitos relacionados con la usurpación de aguas públicas y la afectación al medio ambiente. La operación ha permitido esclarecer hasta 20 delitos vinculados al aprovechamiento ilegal de recursos hídricos en la provincia de Málaga.
Durante casi un año, los agentes han realizado 110 inspecciones en diversas infraestructuras dedicadas a la extracción y manipulación del agua, enfocándose principalmente en pozos, sondeos y balsas de acumulación. Las investigaciones han revelado prácticas ilegales que comprometen el dominio público hidráulico.
Delitos destacados y consecuencias económicas
Uno de los casos más significativos involucra a una empresa dedicada a la venta de materiales de construcción. Según las autoridades, durante un periodo mínimo de cinco años, esta empresa extrajo agua de pozos para su posterior venta ilegal a viviendas, piscinas e incluso para uso industrial. Se estima que se utilizaron alrededor de 2.400 cubas, lo que equivale a aproximadamente 12 millones de litros de agua, generando beneficios que podrían superar los 240.000 euros sin contabilizar el daño ambiental causado.
Además, se han registrado un total de 187 infracciones administrativas relacionadas con captaciones ilegales de aguas superficiales. Estas infracciones incluyen extracciones sin autorización o en cantidades superiores a las permitidas, así como la falta de contadores volumétricos para medir el consumo y el uso indebido del agua.
Infracciones adicionales y contexto hídrico
Las irregularidades no se limitan solo a las captaciones ilegales; también se han detectado otras violaciones como la apertura no autorizada de pozos o sondeos, la construcción de balsas y depósitos sin licencia urbanística y la transformación ilegal de terrenos agrícolas destinados al secano en regadío.
La gravedad de estas conductas se ve acentuada por la situación hídrica crítica que atraviesa la provincia, que ha estado bajo una declaración de “sequía persistente”, lo que ha llevado a establecer restricciones en el uso del agua en varias áreas.
La investigación está siendo llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Málaga, bajo la supervisión y coordinación de la Fiscalía de Medioambiente local. Esta labor cuenta con el apoyo del Servicio de Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía, así como con los Guardas Fluviales y agentes ambientales correspondientes.
Para aquellos interesados en obtener más detalles sobre esta operación, se puede contactar con la oficina de comunicación de la Guardia Civil en Málaga al teléfono 952.071.539 / 661.843.004.
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La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 38 |
Personas investigadas (36 físicas y 2 jurídicas) |
| 20 |
Delitos esclarecidos |
| 110 |
Inspecciones realizadas |
| 2,400 |
Cubas utilizadas (equivalente a 12 millones de litros) |
| 240,000 |
Beneficios estimados en euros |
| 187 |
Infracciones administrativas detectadas |
Preguntas sobre la noticia
¿Cuántas personas está investigando la Guardia Civil por captaciones ilegales de agua en Málaga?
La Guardia Civil investiga a un total de 38 personas, de las cuales 36 son personas físicas y 2 son personas jurídicas.
¿Qué delitos se han esclarecido en esta investigación?
Se han esclarecido un total de 20 delitos por el aprovechamiento ilegal de recursos hídricos con posible afección medioambiental.
¿Cuántas infracciones administrativas se han formulado?
Se han formulado 187 denuncias por infracciones a la normativa de aguas, incluyendo extracciones sin autorización y uso no autorizado del agua.
¿Cuál fue el principal delito investigado?
El principal delito involucró a responsables de una empresa que extrajeron agua de pozos para su venta ilegal durante al menos cinco años, generando beneficios significativos sin autorización.
¿Qué tipo de infracciones adicionales se han detectado?
Se han detectado infracciones como la apertura de pozos sin licencia, construcción de balsas sin autorización y transformación ilegal de suelo agrícola.
¿Quiénes están llevando a cabo la investigación?
La investigación es realizada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) bajo la dirección de la Fiscalía de Medioambiente, con colaboración del Servicio de Dominio Público Hidráulico y otros organismos ambientales.
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