En concreto, buscarían solventar el problema generado tras la sentencia del Supremo anula el real decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector de ámbito estatal colaboradoras con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Servimedia, Camarero reconoció que el Ejecutivo, como el Tercer Sector, está "muy preocupado" por el contenido de la mencionada sentencia, que no obstante va a cumplir.
Al tiempo, prosiguió la representante del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, "estamos trabajando" para encontrar una solución "que no está terminada de cerrar", con el fin de salvar, al menos, los 12 millones de euros destinados a pagar los gastos corrientes de las entidades y a permitir su supervivencia.
Finalmente, Camarero confesó no entender la decisión del Gobierno catalán de llevar este asunto a los tribunales y poner así "en riesgo" la calidad de vida de muchas personas, que se benefician de estas ayudas.
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No(
