Así lo expresa en su informe 'Condenas a muerte y ejecuciones 2014', en el que recoge que el año pasado hubo 2.466 nuevos condenados a la pena capital en 55 países, lo que supone 541 más que en 2013 (un incremento del 28,1%), debido principalmente a los repuntes en Egipto y Nigeria, donde llegaron a dictarse sentencias colectivas en un contexto de conflicto interno e inestabilidad política.
Además, la cifra de condenas a muerte del año pasado es la más alta desde 2008, cuando hubo 8.864. A partir de entonces, este número bajó a 2.001 en 2009, 2.024 en 2010, 1.923 en 2001, 1.722 en 2012 y 1.925 en 2013, según los informes anuales de esta organización.
"Los gobiernos que utilizan la pena de muerte para responder a la delincuencia se engañan a sí mismos. No hay pruebas que demuestren que la amenaza de la ejecución tiene un efecto disuasorio frente a la delincuencia superior al de otras penas", manifestó Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
Shetty señaló que en 2014 quedó patente "la sombría tendencia de los gobiernos a usar la pena de muerte en un inútil intento de responder a amenazas, reales o imaginarias, a la seguridad del Estado y la seguridad pública". "Resulta vergonzoso que tantos Estados del mundo jueguen básicamente con la vida de la gente, ejecutando a personas por 'terrorismo' o para sofocar la inestabilidad interna sobre la premisa errónea de la disuasión", añadió.
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