La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que ésta es una "reforma clave, de primer orden, de las más importantes de la legislatura", y es "esencial para el acceso a un empleo".
También subrayó que la reforma supone una mejora en la lucha contra el fraude, en respuesta a los "casos de corrupción llamativos" que se han registrado en los últimos años.
Según la vicepresidenta, la reforma tiene un doble objetivo: por un lado, mejorar la "transparencia" del sistema para evitar casos de corrupción y fraude, y por otro, dotar de "nuevos mecanismos para mejorar la formación y el acceso al empleo".
El caso de los ERES y los cursos fraudulentos de formación de los empresarios parecen haber minado la credibilidad de estos organismos para gestionar la formación y por lo tanto dejarán de tenerla bajo su control.
A raíz de esta reforma, será el sector privado, a través de entidades especializadas en la impartición de formación profesional, el que desarrolle esta tarea en un entorno de libre competencia, algo siempre defendido por los populares.
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