El fiscal general del Estado ha conseguido el apoyo de la Junta de Fiscales de Sala a su propuesta de presentar una querella contra el presidente de la Generalitat de Cataluña; su vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, por delitos de desobediencia, malversación de fondos públicos, prevaricación y obstrucción o usurpación de las funciones de la justicia.
Fuentes fiscales aseguraron que el respaldo ha sido "casi unánime" y apuntaron que las discrepancias se deben a diferencias de interpretación por cuestiones técnicas. Aún no está claro cuándo se formalizará la presentación de la querella.
Torres-Dulce defendió ante este órgano consultivo un documento que en términos tajantes defendía la presentación de una querella contra los responsables políticos del desacato a la orden del Tribunal Constitucional de suspender la consulta soberanista del 9 de noviembre, adoptada en dos ocasiones, la última de ellas el 4 de noviembre.
Su documento sostiene que la Generalitat ha desplegado una conducta "incompatible" con la resolución del Tribunal Constitucional, sustituyendo la convocatoria de un referéndum por un "proceso de participación ciudadana" que se desarrolló "con la parafernalia de urnas, mesas y papeletas características de los procesos electorales".
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