El nuevo Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy ha puesto en marcha su programa de recortes con el objetivo de reducir el gasto hasta los 16.500 millones de euros que han pronosticado. Tras haber hecho lo propio con el salario mínimo interprofesional, el turno ha llegado para aquellos que, en tiempos de crisis, tienden a estar siempre en el punto de mira: los trabajadores públicos. El Gobierno ha anunciado una congelación de los salarios del funcionariado para 2012, o lo que es lo mismo: no verán reflejado en su sueldo una subida acorde con a la del IPC de 2011.
El mapa del empleo público se vuelve aún más frío con esta medida que se suma al 5% de la rebaja salarial que ya aplicó el anterior gobierno en marzo de 2011. Los principales sindicatos, Comisiones Obreras (CC.OO.) y UGT (Unión General de los Trabajadores), y especialmente el CSI-F, que agrupa los intereses del funcionariado; han recogido la nueva ola de frío con “desilusión y temor”. Y es que, tradicionalmente, el paquete duro de medidas suele ir dentro de los Presupuestos Generales del Estado, que se aprobarán en marzo. Los trabajadores públicos ven así como su condición de empleo vitalicia les supone una nueva contrapartida, especialmente dura para los niveles inferiores de la Administración. El nuevo gobierno enseña sus cartas, pero esconde su mano.
Temperaturas bajas a la hora de opositar
La “previsión laboral” advierte una jugada de manual con la que el Ejecutivo popular busca reducir al máximo los gastos que dependen directamente del Estado. Por ello, también ha anunciado que la oferta de plazas públicas sufrirá la misma ola de frío que los salarios de los funcionarios; con la excepción de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios básicos, como Educación o Sanidad (que, sin llegar a congelarse, pasarán mucho frío y se reducirán casi a la mitad, cayendo hasta el 10%).
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