A solo ocho días de los comicios presidenciales en Colombia, los negociadores han anunciado un convenio parcial en el que la guerrilla se compromete a romper "cualquier relación" con el narcotráfico, una vez haya acuerdo de paz, mientras el Gobierno promete "intensificar" la lucha contra la corrupción ligada a ese flagelo en las instituciones.
Gobierno y guerrilla anunciaron su tercer acuerdo parcial en un acto formal al que asistieron los negociadores de ambas partes y representantes de Cuba, Noruega, Chile y Venezuela, como países garantes y acompañantes de los diálogos iniciados en noviembre de 2012.
El nuevo convenio incluye iniciativas relacionadas en cuestiones como la sustitución de cultivos de uso ilícito, la prevención del consumo, y el problema de la producción y comercialización de narcóticos. De forma general, promueve políticas sostenibles que den "un tratamiento especial" a campesinos y consumidores como "eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico", y que intensifiquen "los esfuerzos de desarticulación de las organizaciones criminales".
En la sustitución de cultivos ilícitos se aboga por negociar las soluciones de forma territorial con la participación voluntaria y activa de las comunidades, y reconocer los "usos ancestrales y tradicionales" de la hoja de coca.
Si no hay acuerdo con las comunidades, el Gobierno procederá a "la erradicación" de cultivos ilícitos y lo hará de ser posible de forma manual, una práctica que, según las FARC, deberá utilizarse en todos los casos. Otro punto del acuerdo considera que la política frente al consumo de drogas ilícitas debe ser "prioridad y una política de Estado", para lo cual el Gobierno creará programas nacionales con un enfoque de derechos humanos y salud pública.
En cuanto al tema del narcotráfico, las partes han acordado que el Gobierno impulse "una estrategia de política criminal" en paralelo a otra de lucha contra la corrupción asociada específicamente a ese fenómeno, que conllevará a la creación de nuevas instancias de investigación y también prevén la puesta en marcha de una nueva estrategia contra los activos involucrados en el narcotráfico mediante un "proceso de mapeo del delito" a cargo de expertos, y el establecimiento de "estrictos controles estatales" sobre producción, importación y comercialización de químicos.
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