"En pura oportunidad y prudencia jurídica y política", esta vocal pide que se retire en espera de que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso aún pendiente contra la legislación en vigor.
Así se señala en el informe que Sepúlveda ha hecho llegar al resto de vocales del órgano de gobierno de los jueces, en el que señala que el anteproyecto "desconoce la evolución de la sociedad española al optar por dar una respuesta anacrónica, criminalizadora, y se encuentra anclado en una interpretación estática" de la jurisprudencia constitucional sobre la base de lo sostenido por el tribunal de garantías en la sentencia de 1985.
Esta interpretación es, según Sepúlveda, incluso "involucionada" respecto a dicha jurisprudencia, al no contemplar el supuesto de la indicación eugenésica. En este sentido, considera que contempla "un régimen aún más restrictivo" que el anterior a la ley actual al prohibir el aborto en caso de graves anomalías, "cuya constitucionalidad fue expresamente avalada" por el Alto Tribunal.
Para la vocal progresista, se trata de "la imposición de un modelo moral a costa de los derechos ajenos en el que la libertad de la mujer embarazada y la ponderación entre sus derechos a la intimidad, la autodeterminación y la dignidad decaen de forma evidente ante la protección del bien jurídico que representa el concebido" y que "no es titular de un derecho fundamental constitucionalmente reconocido a la vida".
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