Así se contempla en el informe previo al anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que ha sido aprobado este viernes en el Consejo de Ministros y que hará que la Reina y los Príncipes tengan el mismo tratamiento judicial que otros altos cargos, como el presidente del Gobierno, sus ministros, diputados y senadores y la cúpula judicial.
Concretamente, la intención del Ejecutivo es la de mantener a los aforados que ya contempla la legislación e incluir en esta lista "al rey consorte, al consorte de la reina y al príncipe y su consorte", según ha detallado Ruiz Gallardón.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro ha asegurado que el aforamiento no es un beneficio para el aforado, sino "un instrumento para aumentar la seguridad jurídica sobre personas que el legislador entiende que deben ser objeto de una tutela".
Ruiz Gallardón ha reconocido que el Gobierno consideraba una "disfunción" en la estructura del Estado el hecho de que un ministro estuviese aforado y el Príncipe no, a diferencia del monarca, que no precisa aforamiento porque, según establece la Constitución española, su figura "es inviolable y no está sujeta a responsabilidad".
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