Así lo ponía de manifiesto el propio Jefe Superior de la Policía valenciana, Antonio Moreno, cuando mandase cargar contra "el enemigo", los jóvenes que protestaban en defensa de la Educación Pública durante la llamada Primavera Valenciana.
Veintiún años después de la llamada ley Corcuera, polémica por la conocida como "la patada en la puerta" que el Tribunal Constitucional tumbara, el Gobierno de Mariano Rajoy prepara una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo anteproyecto verá previsiblemente el Consejo de Ministros el próximo viernes.
Según Bosch, con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz llevará al Congreso, el ejecutivo está recurriendo al derecho penal del enemigo, aquel que en pos de la seguridad castiga al autor por el hecho de ser peligroso, al estar fuera de la ciudadanía que sí se rige por las normas ordinarias.
Pero cómo la mayoría de personas que protestan no cometen delitos penales, por eso, para ellos, "se impone ahora el derecho administrativo del enemigo".
Así los temores de muchos se han cumplido y el anteproyecto establece que los escraches de la PAH frente a las viviendas de representantes políticas, las concentraciones no comunicadas cerca de instituciones como el Congreso de los Diputados o la grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones serán consideradas infracciones muy graves y, por tanto, se podrá castigar al infractor con una multa de entre 30.001 a 600.000 euros.
Ya empezado a denominarse como "ley mordaza" o #LeyAnti15M.
El texto, que ha diseñado el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, tendrá que pasar el primer filtro de la comisión de subsecretarios, analizarse en el Consejo de Ministros, someterse al dictamen del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, volver a la mesa de Moncloa y debatirse, como ley orgánica, en las Cortes pero la reacción ante esta nueva iniciativa del gobierno no se ha hecho esperar.
Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial, considera que esta ley sigue la línea de "restricción de derechos" que lleva siguiendo el Gobierno conservador desde que ganase las elecciones hace ya dos años, y éste sería "sólo un eslabón más" de la cadena.
De este modo, considera que "hay que ponerla en el mismo rango del nuevo código penal, rezuma una gran demagogia populista" que lo que hace es "poner el foco en ese tema y obviar otras cuestiones como los recortes en Educación y Sanidad".
Este texto redactado en paralelo a la reforma del Código Penal parece pretender “compensar” la eliminación de la mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas, que con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasarían a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave, grave o leve.
La ley de la patada en la boca de la democracia
Si en 1992 la conocida como ley Corcuera fue "la de la patada en la puerta", la Izquierda Plural -grupo que aglutina a IU, ICV y Cha- considera ahora que la ley de seguridad ciudadana cuyo anteproyecto ha dado a conocer el Ministerio del Interior será la "ley de la patada en la boca a la democracia".
Esa es la gráfica valoración que ha hecho el coportavoz del grupo Joan Coscubiela durante la rueda de prensa que ha ofrecido junto a José Luis Centella tras la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados.
Desde la Izquierda Plural consideran, por su parte, que las primeras medidas de la normativa que se han conocido y que suponen, entre otras, sanciones de hasta 600.000 euros por diferentes protestas, constituyen una "evidencia que confirma que el PP está a punto de empezar una ofensiva brutal contra los derechos civiles". Coscubiela ha asegurado que el anteproyecto supone "un nuevo intento del Gobierno por criminalizar a los movimientos sociales", una vez que ha comprobado que la ciudadanía "no se resigna" y sigue protestando.
Para el PSOE, en cambio, más que un anteproyecto sobre la seguridad ciudadana es "un proyecto de represión ciudadana", y así lo ha recalcado la portavoz parlamentaria de los socialistas, Soraya Rodríguez, durante su intervención ante los medios. Su partido considera que la normativa "no es necesaria" y ha vaticinado que el grupo se opondrá a "restringir derechos", una actuación que se hace "en otros regímenes que no son democráticos".
“Critica desinformada”
El Partido Popular ha tratado de neutralizar las graves acusaciones que los partidos de la oposición están haciendo contra la ley de seguridad ciudadana apelando a su desinformación.
El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, ha asegurado esta mañana que las críticas de los partidos se deben a que "no se han informado" de un proyecto que, en cualquier caso, irá al Consejo de Ministros este viernes, por lo que, entonces, se le dará "mayor concreción".
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