Esta ley, que viene a sustituir a la anterior legislación datada de 1992 y denominada Ley Corcuera en referencia al ministro socialista que la impulsó, supone que el Partido Popular pondrá el punto de mira en la protesta ciudadana contra las políticas de austeridad.
De esta forma los escraches, manifestarse sin autorización frente al Congreso de los Diputados o la quema de contenedores dejarán de ser considerados como faltas para ser tipificados como infracciones, que podrán ser leves, graves o muy graves y que irán acompañadas de un endurecimiento de las sanciones que establece la reforma del Código Penal.
Esto supondrá una nueva vuelta de tuerca y un blindaje a la acción del Gobierno y la Policía contra los movimientos sociales, una acción que ya desde el propio Consejo de Europa se condenaba cuando el pasado mes de octubre el comisario europeo de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, llamaba la atención al Gobierno de Rajoy después de constatar que las autoridades recurren a un "uso excesivo de la fuerza" contra las manifestaciones ciudadanas, cuando importantes violaciones de los derechos humanos como la tortura o el racismo institucional siguen siendo practicadas por funcionarios públicos y el Gobierno favorece la impunidad policial indultando a agentes condenados en casos de malos tratos y torturas.
Se tipificarán mejor, explicaba el ministro de Interior, conductas contra la seguridad pública y las fuerzas de seguridad, hasta ahora no contempladas. Así, y para evitar el "limbo jurídico", en palabras de Fernández Díaz, el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana tipificará como infracciones administrativas, leves, graves o muy graves, determinadas acciones, como la quema de contenedores o los acosos -escraches- que en los últimos meses han sufrido algunos políticos.
Esta iniciativa del Gobierno se acomete en paralelo a la reforma del Código Penal que elimina la figura de las faltas que pasarán a ser, o bien delitos, o bien infracciones administrativas castigadas con multas.
¿Tirar tartas será delito?
A pocos días de que se celebre el juicio contra las cuatro personas imputadas por lanzar tartas a la presidenta de Navarra Yolanda Barcina en protesta contra la construcción del Tren de Alta Velocidad (TAV), diversas organizaciones han mostrado su alarma ante la marcha de este proceso.
La petición de penas de entre 5 a 9 años de cárcel por el lanzamiento de estas tartas resulta "desproporcionada e irracional", según destacaban la Asociación Libre de Abogados, ATTAC, CGT, Ecologistas en Acción y Greenpeace en una rueda de prensa celebrada en Madrid junto a los encausados donde dejaron de manifiesto su parecer: "Lanzar tartas no es un crimen".
"Estamos viviendo una tendencia muy preocupante, una deriva muy peligrosa a nivel nacional e internacional, el intento de criminalizar la protesta pacífica más o menos heterodoxa", subrayaba Mario Rodríguez, director de Greenpeace.
Es el caso del juicio a los denominadas tartalaris, a quienes se acusa de atentado a la autoridad por lanzar tartas a Barcina. Los imputados y quienes les apoyan sostienen que no hubo intención de causar ningún daño físico, como de hecho no ocurrió.
"Intentan criminalizar la protesta pacífica más o menos heterodoxa"
La protesta tuvo lugar en Francia, donde se ha archivado la causa por ausencia de indicios de delito. Pero el juicio se celebrará el próximo lunes en Madrid. "Será un juicio en el desierto", apuntaba Manuel Velasco de CGT, en referencia al lugar escogido para la vista: una sede de la Audiencia Nacional a las afueras de Madrid y de difícil acceso.
Las penas a las que se enfrentan "se alejan del principio básico de la proporción", considera Rodríguez, y además se enmarcan en el intento general "de amedrentar a la ciudadanía con peticiones de penas de cárcel estratosféricas".
Para ilustrar esas palabras, un vídeo proyectado durante la rueda de prensa, recorrió la historia de los "tartazos". Si ensuciar la cara de Bill Gates se saldó únicamente con una multa de 74 euros y otras muchas acciones similares se han archivado sin cargos, el caso de las tartas de Barcina se sale del molde internacional, pero parece que no del español, donde robar muchos miles de euros es, al parecer, menos punible, que ensuciarle la cara a un político.
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