Sentencia

La Audiencia de Madrid ha decidido suspender el ingreso en prisión de Francisco Javier Gómez Iglesias, conocido como el 'pequeño Nicolás', durante cuatro años. Esta medida se aplica bajo la condición de que no cometa nuevos delitos en este periodo. La decisión se basa en el artículo 80 del Código Penal, que permite la suspensión de penas inferiores a dos años. Gómez Iglesias fue condenado por delitos relacionados con el acceso indebido a bases de datos policiales y cohecho activo. El tribunal considera que, dado el tiempo transcurrido desde los delitos y su falta de nuevas conductas delictivas, la ejecución de penas privativas de libertad no es necesaria para prevenir futuros delitos, favoreciendo así su resocialización.

La Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado la nulidad de la tasa por la gestión de residuos, tras estimar los recursos presentados por diversas organizaciones. La nulidad se debe a la falta de documentación esencial en su aprobación, lo que plantea interrogantes sobre el futuro de esta tasa. El Ayuntamiento de Madrid tiene 30 días para recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo, pero hasta que haya una sentencia firme, no se podrá recuperar el dinero ya pagado. Esta resolución afecta únicamente a Madrid y no implica cambios en otros municipios.

El exconcejal de Ponferrada, Pedro Muñoz, ha sido condenado a casi 17 años de prisión tras dejar tetrapléjica a su esposa al lanzarla por el balcón en mayo de 2020. El Tribunal Supremo ratificó la sentencia por delitos de maltrato familiar y lesiones agravadas, considerando los agravantes de parentesco y discriminación de género. Durante una discusión, Muñoz agredió a su mujer y la arrojó al vacío, causándole graves lesiones que resultaron en su discapacidad permanente. Además de la pena de cárcel, deberá indemnizar a la víctima con 1,5 millones de euros. La sentencia destaca el comportamiento violento e intimidante habitual del exconcejal hacia su pareja.

El Tribunal Constitucional ha fallado a favor del activismo LGTBI, permitiendo que las asociaciones puedan personarse en defensa de los derechos del colectivo. COGAM, el Colectivo LGTBI+ de Madrid, celebra esta decisión que anula la limitación impuesta por la reforma de la Ley LGTBI de la Comunidad. Este fallo refuerza la lucha por los derechos de las personas LGTBI y destaca la importancia del papel de las organizaciones en la defensa de estos derechos. Para más información, visita el enlace.

Greenpeace ha alertado que el Ayuntamiento de Carboneras, en Almería, no está cumpliendo con una sentencia que obliga a declarar como no urbanizables los terrenos donde se ubica el hotel de El Algarrobico. A pesar de que el consistorio ha enviado documentos técnicos para corregir un error tipográfico en su plan urbanístico, esto no implica una modificación efectiva del mismo. La organización ecologista ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que imponga multas al alcalde hasta que se cumpla la sentencia que clasifica los terrenos como no urbanizables. Greenpeace también insta a la Junta de Andalucía a considerar la expropiación forzosa para acelerar el proceso.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la condena de once años y un día de prisión a un hombre por agredir sexualmente a su pareja en Huelva, tras amenazarla con difundir un vídeo íntimo. La sentencia incluye una indemnización de 30.000 euros a la víctima por daño moral. El acusado, que se encuentra en prisión, intentó apelar la decisión, pero el TSJA desestimó su recurso, argumentando que las pruebas eran válidas y suficientes para sostener la condena. Además, se le prohíbe comunicarse o acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante doce años. Esta resolución refuerza el compromiso del sistema judicial español en la lucha contra la violencia de género y la protección de las víctimas.

Un turista ha sido condenado a cuatro años y dos meses de prisión en Valencia por agredir sexualmente a su hijo menor durante unas vacaciones. La Audiencia Provincial de Valencia dictó la sentencia por un delito de agresión sexual con agravante de parentesco, tras comprobar que el padre realizó tocamientos inapropiados y se masturbó frente al niño. Además, se le inhabilita para ejercer la patria potestad durante seis años y deberá indemnizar al menor con 5.000 euros por daños morales. La sentencia no es firme y puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La Audiencia de Madrid ha ratificado que calificar a los Testigos de Jehová como "secta destructiva" no constituye un delito, amparándose en la libertad de expresión. Esta decisión se basa en una sentencia previa que favoreció a la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, que argumenta que la congregación ejerce un control excesivo sobre sus fieles y oculta abusos. La magistrada subrayó que, aunque algunas afirmaciones pueden ser inexactas o hirientes, prevalece el derecho a expresar críticas. La resolución también destaca la importancia de la libertad de expresión en sociedades democráticas y establece criterios claros entre el derecho al honor y la crítica pública.

La Audiencia Provincial de Málaga ha absuelto al director del medio digital Alerta Digital y a dos sacerdotes acusados de un delito de incitación al odio, al considerar que las publicaciones controvertidas en su web, entre 2013 y 2019, no superan los límites de la libertad de expresión. La sentencia, dictada por la Sección Primera del tribunal, rechaza las penas de hasta cuatro años de prisión solicitadas por la Fiscalía y subraya que expresar odio, por "despreciable" que sea, no es punible si no impulsa directamente a la violencia.

El 12 de junio de 2025, un tribunal en Zagreb condenó a la exministra croata de Desarrollo Regional y Fondos de la UE a dos años de prisión por abuso de poder y tráfico de influencias. La sentencia se deriva de una investigación del Oficina del Fiscal Europeo (EPPO), que reveló irregularidades en un proceso de contratación pública en 2017, donde la ministra favoreció a un empresario al inflar el valor estimado del contrato. Se estima que el daño al presupuesto de la UE supera el millón de euros. La exministra se declaró culpable y pagó 200,000 euros como compensación parcial. Los procedimientos contra otros acusados continúan.

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha absuelto a un hombre acusado de agredir sexualmente a su expareja debido a las "profundas contradicciones" en el testimonio de la mujer y la falta de corroboración. La denuncia se refería a un incidente ocurrido en 2020, pero el tribunal determinó que la declaración de la víctima no era suficientemente consistente ni persistente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado. Esta decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Para más detalles, visita el enlace.

El Tribunal del Condado de Zagreb ha condenado a dos individuos, incluyendo un funcionario público, y a una empresa constructora por abuso de poder en relación con la construcción de una planta de clasificación de residuos en Croacia. La investigación, liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo, reveló manipulación en el proceso de licitación que favoreció a la empresa seleccionada, resultando en un sobreprecio de más de 319,000 euros. La empresa deberá pagar una multa de 400,000 euros y devolver el monto inflado. Los condenados incluyen un diseñador de documentación del proyecto y un funcionario municipal, quienes aceptaron los cargos mediante acuerdos de culpabilidad. Las investigaciones continúan para otros implicados.

Un hombre de 39 años ha sido condenado a 7 años y 9 meses de prisión por agredir y maltratar a su esposa y dos hijos en la comarca de Pamplona. La Audiencia de Navarra dictó la sentencia tras comprobar un patrón de violencia física y psicológica desde 2009, intensificándose desde el verano de 2022. El acusado deberá indemnizar con más de 30.000 euros a su familia por los daños causados. A pesar de tener órdenes de alejamiento, convivió con ellos hasta marzo de 2023, cuando se produjo una agresión grave en presencia de sus hijos. La sentencia incluye múltiples delitos relacionados con el maltrato y quebrantamiento de condena.