Nuevas imágenes de RTVE revelan que Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, estaba al tanto de la crecida del barranco del Poyo antes de asistir a una comida en El Ventorro. A pesar de sus afirmaciones de que no recibió avisos sobre el riesgo, un audio reciente muestra que ya había sido informado sobre la situación crítica. La polémica surge tras la tragedia del 29 de octubre, donde 228 personas perdieron la vida. Mazón continúa defendiendo su versión, alegando que no se le proporcionó información adecuada por parte del Gobierno central y justificando su decisión de no cancelar su agenda.
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, declaró ante la jueza que fue él quien propuso enviar una alerta a la población durante la DANA, argumentando que no se estaban tomando medidas adecuadas. En su testimonio, Polo destacó la falta de acción de las autoridades, incluyendo a la consellera Salomé Pradas y al presidente Carlos Mazón, quienes no actuaron hasta horas más tarde. A pesar de advertir sobre el riesgo de desbordamiento de la presa de Forata y sugerir que se avisara a los ciudadanos para que subieran a pisos altos, la alerta se envió con retraso. La declaración revela una gestión ineficaz ante una crisis que exigía decisiones rápidas y efectivas.
El Govern de Carlos Mazón grabó parte de la reunión del CECOPI durante la DANA del 29 de octubre, pero no entregó esta información a la jueza que investiga el caso. Se han revelado imágenes donde se observa a un cámara de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) grabando intervenciones clave, incluyendo las de la exconsellera Salomé Pradas, quien mintió en su declaración judicial sobre su participación en el aviso a la población. La jueza Nuria Ruiz Tobarra ha solicitado copias de estas grabaciones, ya que no existe documentación oficial sobre lo sucedido en esa reunión, contradiciendo así las afirmaciones de falta de soporte documental por parte del Govern.
La Audiencia de Valencia ha confirmado la imputación del ex número 2 de Emergencias, Emilio Argüeso, en relación con la causa abierta por las 228 muertes y lesiones causadas por las inundaciones de la DANA. Junto a Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior, son los únicos investigados hasta el momento. La decisión se basa en la necesidad de esclarecer las responsabilidades en la gestión de emergencias durante el desastre, que incluyó una tardanza de una hora en enviar alertas a la población. La Audiencia desestimó el recurso de apelación presentado por Argüeso, reafirmando que la investigación es razonable y necesaria.
La exconsellera de Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, ha declarado ante la jueza sobre su gestión durante la DANA, evitando asumir responsabilidades y culpando a otros. A pesar del clamor de las víctimas que le pedían justicia, Pradas se ha escudado en su falta de experiencia y ha intentado desviar la culpa hacia técnicos y otros responsables. Su estrategia incluye negar información sobre la magnitud de la tragedia y criticar a aquellos que no estaban presentes en el momento crítico. La jueza y diversos informes han desmentido sus afirmaciones, revelando que contaban con información suficiente para actuar.
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El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, criticó la "parsimonia" y "absoluta indecisión" del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) durante la DANA del 29 de octubre. En su declaración como testigo, Polo destacó que mientras su equipo estaba preparado para alertar a la población sobre posibles inundaciones, en el CECOPI se improvisaba sin tomar decisiones efectivas. Afirmó que a las 10 de la mañana ya se podrían haber enviado avisos adecuados ante el riesgo de inundaciones graves. Además, subrayó que el sistema de información hidrológica no falló, aunque las crecidas repentinas complicaron la situación. La falta de comunicación entre el CECOPI y la confederación fue otro punto crítico señalado por Polo.
La jueza Nuria Ruiz Tobarra ha solicitado a À Punt y a Emergencias de la Generalitat todas las grabaciones de la reunión del Cecopi del 29 de octubre, en el marco de la investigación sobre la DANA que afectó a la Comunitat Valenciana. La cadena pública había esperado un requerimiento oficial para entregar el material, que incluye una grabación donde se discute la alerta que debía enviarse a la población. A pesar de que la alerta masiva no se emitió hasta las 20:11 horas, cuando muchas víctimas ya habían fallecido o desaparecido, À Punt había ofrecido colaborar pero temía vulnerar el secreto profesional sin un requerimiento judicial. Además, se ha revelado que otra cámara de la Agencia Valenciana de Seguridad también grabó parte de esa reunión.
Los audios revelan que Salomé Pradas, exconsellera de Justicia de la Generalitat Valenciana, dio instrucciones sobre el contenido del mensaje de alerta masiva durante la DANA, contradiciendo su declaración ante la jueza. En una reunión del Cecopi, Pradas pidió incluir detalles sobre los canales de comunicación en la alerta que se enviaría a las 19:00, mientras que el mensaje no fue enviado hasta las 20:11, cuando muchas víctimas ya habían sido afectadas. Las imágenes cuestionan sus afirmaciones de que los técnicos eran responsables de la demora y destacan su papel activo en la gestión de emergencias.
Emilio Argüeso, exnúmero dos de Emergencias, ha solicitado a la jueza que investiga la DANA que cite a declarar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, y al exinspector jefe de bomberos, José Miguel Basset. Argüeso argumenta que Polo no informó adecuadamente durante una reunión crítica sobre el riesgo de inundaciones, lo que contribuyó a la tragedia que dejó 228 víctimas. Además, pide la imputación de otros responsables del servicio de emergencias para esclarecer las fallas en la comunicación y gestión durante el desastre. La situación sigue generando controversia en el ámbito político y social.
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