El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, criticó la "parsimonia" y "absoluta indecisión" del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) durante la DANA del 29 de octubre. En su declaración como testigo, Polo destacó que mientras su equipo estaba preparado para alertar a la población sobre posibles inundaciones, en el CECOPI se improvisaba sin tomar decisiones efectivas. Afirmó que a las 10 de la mañana ya se podrían haber enviado avisos adecuados ante el riesgo de inundaciones graves. Además, subrayó que el sistema de información hidrológica no falló, aunque las crecidas repentinas complicaron la situación. La falta de comunicación entre el CECOPI y la confederación fue otro punto crítico señalado por Polo.
La jueza Nuria Ruiz Tobarra ha decidido no imputar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, en relación con la gestión de la DANA. En su auto, critica severamente el informe de la Guardia Civil, calificándolo de "erróneo" e "incompleto". La magistrada argumenta que el informe no cumplía con lo solicitado y se basa en teorías superadas, como la del "apagón informativo". Además, destaca que el análisis de negligencias corresponde exclusivamente a la jurisdicción y no a la Policía Judicial. La jueza subraya que el informe carece de elementos probatorios suficientes y omite comunicaciones relevantes sobre la evolución meteorológica durante los eventos críticos.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha recordado al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que la primera alerta hidrológica relacionada con la DANA se emitió a las 12.30 del martes pasado.
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El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, declaró ante la jueza que fue él quien propuso enviar una alerta a la población durante la DANA, argumentando que no se estaban tomando medidas adecuadas. En su testimonio, Polo destacó la falta de acción de las autoridades, incluyendo a la consellera Salomé Pradas y al presidente Carlos Mazón, quienes no actuaron hasta horas más tarde. A pesar de advertir sobre el riesgo de desbordamiento de la presa de Forata y sugerir que se avisara a los ciudadanos para que subieran a pisos altos, la alerta se envió con retraso. La declaración revela una gestión ineficaz ante una crisis que exigía decisiones rápidas y efectivas.
Emilio Argüeso, exnúmero dos de Emergencias, ha solicitado a la jueza que investiga la DANA que cite a declarar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, y al exinspector jefe de bomberos, José Miguel Basset. Argüeso argumenta que Polo no informó adecuadamente durante una reunión crítica sobre el riesgo de inundaciones, lo que contribuyó a la tragedia que dejó 228 víctimas. Además, pide la imputación de otros responsables del servicio de emergencias para esclarecer las fallas en la comunicación y gestión durante el desastre. La situación sigue generando controversia en el ámbito político y social.
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