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El juez Ángel Luis Hurtado ha reducido la fianza impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de 150.000 a 75.000 euros, tras abrir juicio oral por un presunto delito de revelación de secretos. Esta decisión se produce después de que la acusación particular solicitara la corrección de un error en el cálculo inicial que incluía una posible multa. García Ortiz había presentado un aval por el monto original y ahora deberá rehacerlo para ajustarse a la nueva cantidad. La defensa del fiscal también había planeado apelar la fianza anterior, considerándola desproporcionada.

El Gobierno español ha mostrado un respaldo unánime al fiscal general, Álvaro García Ortiz, tras su procesamiento por el Tribunal Supremo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que este hecho busca desviar la atención de los problemas del PP, mientras que otros miembros del Ejecutivo han expresado su apoyo. García Ortiz, quien se niega a dimitir y mantiene su inocencia, es el primer fiscal general procesado en la historia democrática de España. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, le aseguró: "No estás solo". Esta situación ha generado tensiones con el PP, que exige su dimisión.

El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, ha rechazado la solicitud del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para posponer su declaración como investigado en una causa abierta. La declaración se mantiene programada para este miércoles a las 10 horas. El juez desestimó también otras diligencias propuestas por la defensa y la fiscal provincial de Madrid, que incluían citar a declarar al querellante y a varios periodistas. Sin embargo, se aceptó la incorporación de ciertos documentos solicitados por las defensas. Esta decisión subraya la importancia del proceso judicial en curso y el compromiso del tribunal con el avance de la causa.

El Fiscal General de España, Álvaro García Ortiz, inauguró las Jornadas de Fiscales Especialistas de Menores en Valencia, destacando la eficiencia en la investigación de casos que involucran a menores y la capacidad organizativa de las Fiscalías. Durante el evento, se abordarán temas clave relacionados con la protección y reforma en la jurisdicción de menores, así como avances tecnológicos para mejorar los procesos judiciales. García Ortiz también reconoció el esfuerzo de los fiscales ante los desafíos recientes, como los provocados por la DANA. Estas jornadas buscan compartir problemas reales y encontrar soluciones efectivas en el ámbito de la justicia juvenil.

Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, enfrenta un dilema entre dimitir o resistir tras ser procesado por filtrar mensajes relacionados con fraudes fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Sus defensores argumentan que no hay pruebas concluyentes y que su renuncia podría amenazar el Estado de derecho. En contraste, asociaciones de fiscales y el Partido Popular exigen su dimisión, alegando que su situación compromete la credibilidad de la Fiscalía. Este conflicto no solo es judicial, sino también político, con el Gobierno instando a García Ortiz a mantenerse en su puesto mientras se resuelve su caso. La tensión entre aspectos legales y políticos marca un momento crítico para la Fiscalía.

El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha declarado ante el Tribunal Supremo en relación a la filtración de un correo en el que su abogado reconocía delitos fiscales. González Amador sostiene que su abogado actuó sin su consentimiento y se queja del daño a su reputación al ser llamado "defraudador confeso". Durante su testimonio, reafirmó que no ha cometido ninguna ilegalidad y que había informado a la Agencia Tributaria sobre su inocencia. La investigación, liderada por el juez Ángel Hurtado, está en su fase final y también incluirá la declaración del abogado de González Amador.

El magistrado Ángel Hurtado, instructor de la causa contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos, ha decidido mantener separadas a las cuatro acusaciones populares en el Tribunal Supremo debido a sus distintos intereses. En su auto, Hurtado argumenta que aunque es común agrupar acusaciones, cada caso debe ser analizado individualmente. Las acusaciones del Colegio de Abogados de Madrid y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales tienen intereses corporativos propios, mientras que las otras dos, Manos Limpias y la Fundación Foro Libertad y Alternativa, pueden continuar con su representación conjunta sin afectar el proceso.