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El Consejo de Ministros ha aprobado las primeras Estrategias estatales LGTBI y trans, impulsadas por el Ministerio de Igualdad. Estas estrategias, que responden a la Ley 4/2023 para la igualdad efectiva de las personas LGTBI y trans, tienen un carácter cuatrienal y buscan ser herramientas clave para eliminar la discriminación y promover la inclusión social. La Estrategia LGTBI se centra en prevenir la violencia LGTBIfóbica y fomentar la colaboración entre administraciones, mientras que la Estrategia trans aborda medidas en ámbitos como el laboral, educativo y sanitario. Ambas estrategias han sido elaboradas mediante un proceso participativo con diversas entidades y expertos.

El Consejo Asesor de Brecha de Género, presidido por la ministra Elma Saiz, se reunió para abordar la situación de las mujeres gitanas y su acceso a la protección social. Durante la sesión, se discutió la vulnerabilidad específica de las mujeres migrantes y refugiadas, destacando la discriminación múltiple que enfrentan. Se presentó un informe sobre el impacto económico de esta discriminación, que afecta especialmente a las mujeres extranjeras en el mercado laboral. También se analizó cómo las mujeres gitanas sufren una desventaja acumulada debido a factores como la pobreza y la exclusión social. La reunión subrayó la importancia de políticas inclusivas que reconozcan estas realidades y promuevan el acceso equitativo a derechos y oportunidades.

En 2024, los delitos e incidentes de odio en España disminuyeron un 13,8% en comparación con el año anterior, según el informe sobre la evolución de estos delitos. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado esclarecieron el 72% de los casos, deteniendo o investigando a 905 personas. Los delitos más comunes fueron los relacionados con racismo y xenofobia, aunque también se registraron aumentos en antisemitismo y aporofobia. Navarra lidera las tasas de incidentes por cada 100.000 habitantes. La mayoría de las víctimas son hombres jóvenes, y las nacionalidades más afectadas incluyen a españoles y marroquíes.

El aumento de la migración en España, que ha pasado de casi cuatro millones en 2005 a siete millones en 2025, no se ha traducido en un incremento de la delincuencia. Según datos del Ministerio del Interior, la tasa de criminalidad ha disminuido de 49,4 delitos por cada 1,000 habitantes hace dos décadas a 40,6 actualmente. Sin embargo, los delitos de odio han aumentado un 21%, y aquellos motivados por racismo lo han hecho en un 41,8%. A pesar de las afirmaciones de ciertos grupos políticos sobre la relación entre migración y delitos sexuales, los datos muestran que más del 400 agresiones sexuales fueron cometidas por españoles frente a solo 94 por migrantes en 2023. Además, las infracciones penales cometidas por extranjeros han descendido un 10%, mientras que las cometidas por nacionales solo lo han hecho un 2,8%. Estos datos evidencian una desconexión entre la realidad y el discurso xenófobo.

Arcópoli ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Delitos de Odio de Madrid contra Carla Toscano, concejala del Ayuntamiento de Madrid por VOX, por sus declaraciones consideradas LGTBIfóbicas durante un pleno el 24 de junio de 2025. Toscano utilizó un lenguaje cargado de odio y prejuicios hacia el colectivo LGTBI+, afirmando que la bandera LGTBI representa ideologías destructivas y acusando a organizaciones defensoras de derechos LGTBI+ de promover el adoctrinamiento. Arcópoli argumenta que estas declaraciones cruzan los límites de la libertad de expresión y han recibido el apoyo de ocho organizaciones LGTBI+ y de derechos humanos. La organización reafirma su compromiso en la lucha contra el discurso de odio y la defensa de los derechos humanos.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha revocado gran parte de la sentencia sobre una agresión homófoba ocurrida en la Feria de Abril de 2018, absolviendo a tres acusados y reduciendo las penas al resto. Arcópoli expresa su indignación ante esta decisión, que minimiza el carácter homófobo del ataque y considera inaceptable la interpretación de los insultos como un "malentendido". La organización denuncia que esta sentencia perpetúa la impunidad en casos de violencia LGTBIfóbica y exige una revisión judicial, formación específica para el poder judicial y reformas legislativas para proteger adecuadamente a las víctimas.

La justicia de Italia y España ha confirmado la custodia del hijo menor de Juana Rivas, otorgándola al padre, Francesco Arcuri. La Corte de Apelación de Cagliari ratificó una sentencia que exige la devolución inmediata del niño, quien se encuentra en Maracena, Granada. A pesar de la oposición legal de Rivas, el tribunal desestimó su solicitud para anular la custodia mientras se desarrolla un nuevo proceso penal contra Arcuri por maltrato habitual. Los abogados de Rivas han solicitado que se escuche al menor antes de tomar decisiones adicionales sobre su custodia.

El Gobierno de España ha ampliado las adaptaciones en las pruebas de acceso al empleo público para personas con discapacidad, permitiendo tiempo adicional, el uso de perros de asistencia y prótesis auditivas sin restricciones. Esta medida busca garantizar la igualdad en los procesos selectivos y aumentar la representación de personas con discapacidad en la función pública. La nueva normativa, consultada con el Consejo Nacional de Discapacidad, incluye ajustes razonables y recursos necesarios para facilitar la participación. Además, se incrementa la cuota de reserva del 7% al 10% para este colectivo en el empleo público.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha enfatizado la necesidad de que los derechos humanos sean fundamentales en la era digital. Durante un evento con motivo del vigésimo aniversario de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, Türk destacó que, aunque las tecnologías digitales pueden mejorar el acceso a servicios esenciales como la sanidad y la educación, también presentan riesgos significativos, incluyendo restricciones a la libertad de expresión y violaciones de privacidad. Subrayó que es crucial priorizar los derechos humanos para enfrentar desafíos como la desinformación y los prejuicios algorítmicos, promoviendo así un entorno digital inclusivo y seguro. Además, se anticipan decisiones importantes sobre regulación digital en el futuro cercano, lo que representa una oportunidad para avanzar hacia una gobernanza digital centrada en las personas.

La Fundación Institut Guttmann y el Comité Paralímpico Español han firmado un convenio de colaboración para fomentar el desarrollo deportivo de personas con discapacidad, promoviendo la rehabilitación, inclusión social y empoderamiento. Este acuerdo establece un marco de cooperación para impulsar proyectos deportivos, detectar nuevos talentos y facilitar el acceso al alto rendimiento. Medallistas paralímpicos han respaldado la iniciativa, destacando el deporte como una herramienta esencial para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. La colaboración busca construir una sociedad más inclusiva y equitativa, democratizando la práctica deportiva adaptada en todo el país.