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El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se reunió con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para discutir el acceso al empleo de las personas con discapacidad. En su papel como presidente del Foro de la Contratación Socialmente Responsable, Zapatero y Bustinduy abordaron la importancia de implementar cláusulas sociales en los contratos públicos que promuevan la inclusión laboral. Bustinduy destacó la necesidad de que todas las administraciones cumplan estas cláusulas para facilitar el acceso al empleo a este colectivo. Además, se habló sobre la reforma de la Ley de Dependencia y la Ley de Discapacidad, así como iniciativas para mejorar la activación laboral de personas con discapacidad a través del nuevo mercado laboral. La reunión subraya el compromiso del Gobierno español por avanzar hacia una sociedad más inclusiva y equitativa.

El Ministerio del Interior de España ha presentado un nuevo modelo de respuesta policial a la violencia de género, que incluye el Sistema VioGén 2 y el Protocolo 2025. Esta iniciativa busca mejorar la gestión y protección de las víctimas mediante una plataforma digital avanzada que incorpora tecnología innovadora y actualiza los procedimientos existentes desde 2018. El Sistema VioGén 2 permite una mejor valoración del riesgo y mayor interconexión con otras bases de datos, mientras que el Protocolo 2025 establece pautas claras para la gestión de casos y medidas de protección. Este enfoque integral refuerza el compromiso del gobierno en la lucha contra la violencia de género.

El Grupo Federal Cristianos Socialistas PSOE ha condenado la discriminación homófoba que Rubén García de Andrés, alcalde socialista y cristiano practicante, ha sufrido por parte del Obispado de Segovia y el párroco de Torrecaballeros. Este rechazo se manifiesta en la negativa a permitirle recibir la comunión debido a su orientación sexual. La organización critica estas actitudes, que contradicen las enseñanzas del Papa Francisco sobre la igualdad y la aceptación. Además, expresan su apoyo a Rubén y su familia, exigiendo disculpas del Obispado y una corrección inmediata ante esta injusticia.

El Ministerio de Igualdad ha abierto un expediente para investigar la denuncia de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, que alerta sobre cursos de conversión sexual en diócesis españolas dirigidos a personas LGTBI+. La ministra Ana Redondo se reunió con el presidente de la asociación para discutir los detalles. La ley 4/2023 prohíbe estas prácticas y establece sanciones económicas que van desde 200 hasta 150.000 euros, dependiendo de la gravedad de las infracciones. El director general para la Igualdad LGTBI+, Julio del Valle, enfatizó la necesidad de debatir sobre el impacto negativo de estas terapias en la salud mental de las personas afectadas.

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Consumo, se reunió con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para discutir el acceso al empleo de personas con discapacidad y la reforma de la Ley de Dependencia. En este encuentro, Bustinduy reafirmó su compromiso con la inclusión laboral, destacando la importancia de las cláusulas sociales en los contratos públicos para facilitar la contratación de personas con discapacidad. Además, se abordó la necesidad de reformar la normativa vigente para mejorar las condiciones de vida y dignidad de este colectivo. El ministro también mencionó iniciativas como unidades de inclusión laboral en ministerios y un protocolo para promover licitaciones responsables. La reunión busca avanzar hacia una sociedad más inclusiva y equitativa.

Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, ha resaltado la relevancia de la formación profesional en centros penitenciarios para facilitar la inserción laboral de los internos. Durante un evento en el Centro Penitenciario de Córdoba, donde se entregaron diplomas a 72 internos que completaron cursos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Díaz enfatizó que esta capacitación es clave para su reinserción social. En 2024, más de 2.600 personas privadas de libertad obtuvieron cualificaciones profesionales, destacando la colaboración entre distintas instituciones para ofrecer formación en áreas como albañilería y restauración. Esta iniciativa busca mejorar las oportunidades laborales de los internos tras cumplir sus condenas.

El Ministerio de Igualdad ha subrayado la importancia de que prevalezca el interés superior del menor en el caso del hijo pequeño de Juana Rivas, en medio de incertidumbres sobre la jurisdicción judicial en España. La ministra Ana Redondo enfatiza que es fundamental escuchar al menor, garantizar su seguridad y evitar su convivencia con un maltratador. Además, se recuerda que diversos juzgados pueden intervenir para proteger al niño, conforme a las obligaciones del Estado español bajo tratados internacionales. Redondo también aboga por avanzar en la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para abordar adecuadamente casos de violencia vicaria.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada ha rechazado la inhibición del Juzgado de Instrucción número 4 respecto al regreso de un menor a Italia, argumentando que los hechos denunciados no corresponden a violencia de género. A pesar de esta decisión, el menor permanecerá en España debido a una orden provisional anterior. La situación genera un posible conflicto entre juzgados que deberá ser resuelto por el Decanato o la Audiencia de Granada. Además, se están tramitando diligencias sobre un presunto maltrato del padre hacia el menor ocurrido en Italia, aunque estas fueron archivadas provisionalmente por falta de indicios suficientes. Se ha solicitado la remisión urgente de los hechos a las autoridades judiciales italianas competentes.

Más de 4.200 personas con discapacidad intelectual se presentan a las oposiciones para optar a 455 plazas de empleo público en la Administración General del Estado (AGE). Las pruebas se llevarán a cabo el 11 de enero de 2025 en A Coruña, Madrid, Zaragoza y Sevilla. Este proceso selectivo, organizado por el Instituto Nacional de Administración Pública, permite que los aspirantes con un grado de discapacidad intelectual igual o superior al 33% puedan acceder a puestos laborales fijos de apoyo.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce importantes avances en la atención a las víctimas de violencia sexual. Esta norma garantiza el acceso a la justicia y consolida derechos para las víctimas, modificando la regulación de los Juzgados de Violencia contra la Mujer y estableciendo asistencia jurídica gratuita para mujeres y menores afectados por delitos sexuales. Además, se atribuyen competencias específicas al Ministerio Fiscal en temas de violencia de género y sexual. La ley también modifica el Estatuto de los Trabajadores para proteger a empleados con adaptaciones laborales.