Un juez ha imputado por primera vez a dos ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en relación con las más de 7.000 muertes en residencias durante la pandemia. Carlos Mur, director de Coordinación Sociosanitaria, y Francisco Javier Martínez Peromingo, coordinador del 'protocolo técnico', son considerados responsables de los protocolos que impidieron el traslado hospitalario de ancianos enfermos. La citación se produce tras la reapertura de una causa archivada, impulsada por una denuncia colectiva de familiares de víctimas. Las organizaciones demandantes exigen que se esclarezca la implicación de otros altos cargos en estas decisiones. Este caso marca un hito en la judicialización de la gestión sanitaria durante la crisis del COVID-19 en España.
