La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Ostrava, Chequia, lidera una investigación sobre un presunto fraude fiscal de 14 millones de euros relacionado con el comercio de teléfonos móviles de segunda mano. La operación, que resultó en cinco arrestos tras búsquedas en Chequia y Letonia, revela que los sospechosos habrían aplicado indebidamente un tipo impositivo reducido al declarar falsamente los teléfonos como originarios de la UE. Se han confiscado activos por valor de 2.5 millones de euros, incluidos propiedades y vehículos. Los acusados enfrentan penas de prisión de cinco a diez años si son declarados culpables. La EPPO se encarga de proteger los intereses financieros de la Unión Europea.
