La Comunidad de Madrid ha iniciado acciones judiciales contra el Gobierno de España por la concesión directa de subvenciones por valor de 9 millones de euros procedentes de los fondos europeos a cuatro regiones. En concreto, ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo por el Real Decreto 902/2021, de 19 de octubre, documentación de la que ha sido informado hoy el Consejo de Gobierno.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado que el Consejo de ministros, ha continuado adoptando una serie de acuerdos relacionados con la recuperación económica y el cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. “Cumplimos hitos, desplegamos inversiones” ha destacado.
El Gobierno de España ha solicitado formalmente el primer desembolso, por 10.000 millones de euros, a la Comisión Europea en el contexto de la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, convirtiéndose así en el primer país de los 27 en realizar esta solicitud, que se sumaría a los 9.036 millones de euros que ya recibió España en forma de prefinanciación.
El pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado por una amplia mayoría las enmiendas a la totalidad que se habían presentado a los Presupuestos Generales del Estado. De esta forma, las cuentas públicas superan con holgura su primer examen y pueden proseguir su andadura parlamentaria.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido la Comisión de Seguimiento del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, que ha analizado las nuevas medidas que se desarrollarán en el periodo 2022-2024.
El dirigente popular, Jaime de Olano, critica el silencio del jefe del Ejecutivo en torno a las tres “importantes crisis” que vive actualmente nuestro país como la subida de la luz, la devolución de menores a Marruecos o la repatriación de los españoles y colaboradores tras la victoria talibán en Afganistán.
Las iniciativas se implantarán de manera progresiva en los próximos cinco años con el fin de lograr un sistema energético bien remunerado, sostenible y rentable, que repercuta tanto en beneficio de los consumidores como de las compañías eléctricas.
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El nuevo ministro de Univesidades, Joan Subirats, recibió la cartera departamento de manos de su predecesor, Manuel Castells, tras haber prometido el cargo este lunes ante el rey en el Palacio de la Zarzuela.
La ministra de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado que éste es un Gobierno que “apuesta por la recuperación semana a semana” y, como prueba de esta afirmación, se ha referido a tres cifras que “constatan la recuperación y nos deben hacer sentir orgullosos como país”.
El Ejecutivo impulsa una reforma legal para unificar criterios y mejorar la gestión directa pública de los servicios sanitarios y sociosanitarios. Además, aprueba la modificación del impuesto de plusvalía para que los ciudadanos no tengan que pagarlo cuando la compraventa que realicen no genere beneficios.
El Consejo de ministros ha aprobado el Plan de choque para rebajar el precio de electricidad. Durante la rueda de prensa posterior, la ministra de Política Territorial y Portavoz, Isabel Rodríguez, ha señalado que, con este Plan, el Gobierno “cumple” con el compromiso firme del presidente para que el recibo de la luz que se paga en hogares y empresas, regrese este año a los niveles que tenía en 2018.
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, que consolida una oferta formativa única, flexible y acreditable, dirigida a estudiantes y trabajadores.
La nueva portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha celebrado hoy la aprobación por parte del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España que despeja, definitivamente, el camino para acceder a los fondos europeos .
El Ejecutivo ha aprobado la quinta prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) con el objetivo de extender la protección social a los ciudadanos y ajustar el ciclo de actividad del tejido productivo a la evolución de la pandemia.
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