Los bloques de hormigón que el Gobierno de Gibraltar lleva instalando desde principios de mes en las aguas cercanas al aeropuerto del Peñón, han sido los causantes de una de las mayores crisis diplomáticas entre España y Reino Unido en los últimos años, pero España también los ha lanzado por el “mismo motivo”.
Los pescadores de la zona aprovecharon la instalación de los bloques para volver a exigir al Ejecutivo una mayor dureza con Gibraltar. Y el equipo de Mariano Rajoy no dudó en atender esa petición endureciendo los controles de acceso al Peñón para ahondar en la desesperación de trabajadores españoles y gibraltareños.
La Moncloa y, en especial, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, hicieron suyas las reclamaciones de esos pescadores asegurando que los bloques -el Gobierno se ha cuidado muy mucho de no mencionar el recién creado arrecife artificial- impiden faenar a los trabajadores españoles en aquellas aguas por el riesgo de que sus redes pudieran engancharse en esas nuevas instalaciones que las autoridades gibraltareñas se niegan a retirar.
Los bloques lanzados por Gibraltar con la supuesta intención de conforman un arrecife artificial para regenerar las especies de la bahía de Algeciras, fueron los que a principios de mes hicieron despertar las históricas trifulcas entre uno y otro país sobre la soberanía de la pequeña localidad fronteriza y sin embargo, el propio Ejecutivo español recomienda la instalación de esos arrecifes artificiales para favorecer y garantizar la actividad de la pesca.
"Medida de protección de los hábitats"
Según recoge la web del Ministerio de Agricultura y Pesca dirigido por Miguel Arias Cañete que también ataca a Gibraltar por las gasolineras flotantes, la política pesquera española contempla esas instalaciones "como una medida de protección directa de los hábitats de interés pesquero y, por tanto, de regeneración de los recursos".
"Desde el punto de vista pesquero, un arrecife artificial es un instrumento de ordenación que permite la protección de los recursos y de los ecosistemas de interés pesquero, y que localmente puede lograr el desarrollo de estos mismos recursos reduciendo la mortalidad de las fases juveniles antes de su reproducción, facilitando fuentes de alimentación para determinadas especies y haciendo posible la supervivencia de adultos reproductores en zonas nuevas, permitiendo además la mejora en la gestión de los usos de estos recursos", explican desde el departamento dirigido por Cañete.
Tanto es así, que aseguran que "durante la década de los 90 y a la vista de su eficacia", estos arrecifes artificiales compuestos por bloques como los que han provocado la polémica con Gibraltar "se consolidan como medida de gestión pesquera" y desde 1995 es el propio Ministerio de Agricultura y Pesca el que inicia su participación directa en esta tarea de arrojar bloques de hormigón al mar y a día de hoy reconoce ya la existencia de 130 en el conjunto del Estado.
Unos lo son "disuasorios frente a las pescas de arrastre", y otros, diseñados para "proporcionar abrigo y albergar en sus huecos especies pesqueras".
"Dañan la economía de la zona"
Sin embargo, desde el departamento de Cañete, conocedores de lo irónico de esta postura, aseguran que "técnicamente" todos ellos "son similares" a los instalados por Gibraltar desde principios de mes, pero los suyos no hacen daño a las comunidades de pescadores, porque están en zonas que no afectan a la pesca, y en el caso de Gibraltar sí dañan la economía de la zona".
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