El pasado viernes, 2 de agosto, la Junta de Castilla y León autorizó la matanza injustificada de 137 lobos. Para WWF y ASCEL, esta decisión corrobora la intensa campaña de hostigamiento que la especie está sufriendo en Castilla y León, en la que la Junta parece haber optado por una gestión opaca, encaminada a erradicar la especie de la región. Así lo indica la falta de respuesta de la administración regional a las peticiones de información de las ONG, así como la solicitud de una reunión urgente del Comité del Plan de Gestión del Lobo, realizada durante el mes de julio.
Las organizaciones, representantes de las entidades conservacionistas en el Comité, demandan a la Junta explicaciones sobre los criterios que se están utilizando para tomar decisiones tan discutibles como permitir batidas de lobos en época de cría y en espacios protegidos o para fijar un cupo de 137 lobos a abatir en la temporada de caza. Estas decisiones parecen estar siendo tomadas más por respuesta a presiones de ciertos sectores, que por criterios técnicos.
Ejemplos recientes de la campaña de hostigamiento contra el lobo ibérico en Castilla y León son, además del cupo fijado en el boletín el pasado viernes 2 de agosto, las mencionadas batidas, la petición de “Ávila libre de lobos” o la ampliación de las fechas para la caza en la orden de veda.
Esta campaña ‘anti lobos’ se está traduciendo en acciones encaminadas a reducir la presencia de la especie, cuando la Junta debería garantizar su supervivencia y la coexistencia con el ser humano, tal como obliga la normativa europea y su propio plan de gestión y conservación.
ASCEL y WWF reclamaron recientemente una reunión urgente del Comité del Plan de Gestión del lobo para que la Junta respondiera e informase sobre diversos aspectos. Entre ellos, el borrador del nuevo Plan de Gestión, que debería haber sido presentado hace meses, los resultados de la primera fase del censo regional, o las actuaciones desarrolladas por la Consejería en relación a la aparición de al menos dos lobos presuntamente envenenados en la zona de Tierra de Campos (Valladolid).
Así mismo, la Junta debía informar sobre la situación poblacional de la especie, los resultados de la temporada de caza 2012-2013, y los daños causados por la especie y medidas adoptadas ante ellos.
Pero la única respuesta de la Junta ha sido publicar esta resolución, sin ningún tipo de información previa o de participación social y en la que se fijan los mismos cupos que el año pasado- denuncian desde estas organizaciones proteccionistas.
Las organizaciones lamentan profundamente la decisión adoptada por la Junta de Castilla y León de plegarse a los intereses de determinados sectores y desarrollar una política de acoso y persecución a la especie con la única intención de erradicarla de amplias porciones del territorio castellano leonés, en contra de lo establecido por su propio plan de gestión y conservación y en contra de las obligaciones previstas por la normativa europea y nacional.
Y lamentan especialmente que se hayan cortado los canales de diálogo con las ONG de conservación de la naturaleza, lo que pone claramente de manifiesto los objetivos de la administración regional.
Ante esta situación, WWF y ASCEL seguirán defendiendo con todas las herramientas legales a su disposición la conservación del lobo ibérico y su coexistencia con las actividades tradicionales y valorarán la posibilidad de acudir a instancias europeas, para que intervengan en esta situación y pongan freno a esta campaña contra una especie protegida por las Directivas Europeas.
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