El escándalo relacionado con las viviendas de protección oficial en Alicante sigue creciendo, sumando nuevos nombres a una lista ya polémica. Se han revelado vínculos entre algunos de los propietarios de estos inmuebles y la concejala de Hacienda y Patrimonio, Nayma Beldijilali. Según el diario 'Información', dos de los beneficiarios tienen conexiones directas con ella: uno coincidió con Beldijilali en las Hogueras y la otra es hermana de su secretaria.
La situación ha generado reacciones en el partido Compromís, que ha cuestionado el repentino borrado de fotos en redes sociales que documentaban la amistad entre Beldijilali y los propietarios. "Exigimos que la concejala comparezca ante esta situación", han manifestado desde la formación política.
Diversos implicados
Además, se menciona a un policía local que está próximo a ser ascendido a oficial y a la hermana de una funcionaria del gabinete de prensa del Ayuntamiento alicantino como parte de este entramado. Hasta el momento, casi uno de cada diez pisos protegidos ha sido adjudicado a personas vinculadas al consistorio.
Estos inmuebles, que se asemejan más a una urbanización de lujo, cuentan con instalaciones como pistas de pádel, una polideportiva y piscina. La controversia se intensifica al conocerse que altos cargos del Ayuntamiento y hasta un arquitecto municipal también han sido beneficiarios.
Crisis en el gobierno local
Un caso emblemático es el de Rocío Gómez, quien renunció a su cargo como concejala de Urbanismo tras recibir uno de estos pisos. Su dimisión fue justificada por su deseo de no interferir en las investigaciones sobre el asunto, aunque ella sostiene que se inscribió en una cooperativa antes de entrar en política.
No solo Gómez ha estado involucrada; también los d hijos de la directora general de Contratación Pública, María Pérez-Hickman, han recibido viviendas, lo que llevó a su propia dimisión.
Diligencias judiciales
Por otro lado, el Tribunal de Instancia de Alicante ha iniciado diligencias para investigar posibles irregularidades en la adjudicación de estas viviendas. La magistrada tomó esta decisión tras recibir una denuncia que implica presuntos delitos como prevaricación administrativa y tráfico de influencias contra varios empleados municipales.
La denuncia señala que muchos beneficiarios obtuvieron sus viviendas gracias a su inscripción como socios en la cooperativa responsable del desarrollo inmobiliario.
Liderazgo bajo presión
Mientras tanto, Luis Barcala, alcalde de Alicante, continúa ignorando las solicitudes para su dimisión. Asegura estar concentrado en "la gestión" municipal y afirma estar trabajando para abordar las irregularidades relacionadas con estos pisos, prometiendo que ninguna conducta sancionable quedará sin respuesta.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 1 de cada 10 |
Proporción de viviendas protegidas adjudicadas a personas vinculadas al consistorio alicantino. |
| 20 años |
Tiempo desde que se ofrecieron por primera vez viviendas de protección oficial en la provincia. |
| 9 |
Número de empleados municipales denunciados por presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas. |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué escándalo se está investigando en Alicante?
Se investiga la adjudicación de viviendas de protección oficial en Alicante, donde varios propietarios tienen vínculos con el consistorio y altos cargos del Ayuntamiento.
¿Quiénes son algunos de los involucrados en este escándalo?
Entre los involucrados se encuentran dos personas vinculadas a Nayma Beldijilali, la concejala de Hacienda, así como Rocío Gómez, la concejala de Urbanismo, quien dimitió tras recibir un piso protegido.
¿Qué acciones se están tomando ante estas irregularidades?
El Tribunal de Instancia de Alicante ha abierto diligencias previas para investigar presuntas anomalías en la adjudicación de estas viviendas, incluyendo delitos como prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
¿Cuál es la respuesta del alcalde Luis Barcala ante las solicitudes de dimisión?
Luis Barcala ha desoído las peticiones de dimisión y afirma que está centrado en la gestión política y en abordar las supuestas irregularidades relacionadas con los pisos protegidos.