El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el próximo martes el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim), una reforma que otorga a los fiscales la responsabilidad de instruir casos penales y excluye a los partidos políticos del ejercicio de la acusación popular. Esta nueva normativa también ampliará a cinco años el mandato del fiscal general del Estado, desvinculando así su permanencia en el cargo de los ciclos gubernamentales.
Fuentes gubernamentales han indicado que esta legislación entrará en vigor el 1 de enero de 2028, lo que significa que no tendrá impacto en las causas actualmente en tramitación, incluidas aquellas que involucran al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni afectará al actual fiscal general, Álvaro García Ortiz, cuyo mandato concluirá con la disolución de las Cortes, salvo inhabilitación previa por parte del Tribunal Supremo.
Nueva estructura para la investigación penal
La LOECrim representa un cambio significativo en el modelo procesal penal español, estableciendo que la dirección de las investigaciones recaerá en el fiscal y no en el juez instructor, como es habitual en muchos países de la Unión Europea. Un juez de garantías supervisará las investigaciones, asegurando que se respeten los derechos fundamentales del investigado. Al finalizar esta fase, un magistrado decidirá si se abre juicio oral.
Este nuevo enfoque busca implementar una doble garantía procesal: por un lado, la figura del fiscal y, por otro, la supervisión del juez. Esto beneficiará tanto a los acusados como a las víctimas. Además, se simplificará el sistema de recursos judiciales y se priorizará la especialización de los fiscales en casos complejos.
Cambio en la acusación popular
La reforma también introduce cambios significativos en el ejercicio de la acusación popular. Los partidos políticos y otras entidades como sindicatos o asociaciones vinculadas quedarán excluidos. Se establecerá un catálogo específico de delitos donde se podrá ejercer esta figura, incluyendo aquellos relacionados con corrupción y violencia de género.
En este contexto, el PSOE ha renunciado a una proposición anterior tras una serie de querellas presentadas por grupos ultraderechistas contra miembros del Gobierno. La ley criticada anteriormente buscaba limitar la acusación popular solo a ciertas fases del proceso judicial.
Reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal
La aprobación del nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal también está contemplada dentro de la LOECrim. Este cambio ampliará a cinco años el mandato del fiscal general para asegurar su independencia respecto al Ejecutivo. Asimismo, se prohibirá cualquier indicación directa sobre asuntos específicos desde el Gobierno hacia el Ministerio Fiscal.
El fiscal general solo podrá ser destituido por incumplimientos graves y reiterados tras un informe previo del Consejo General del Poder Judicial. Además, se establecerán criterios objetivos para designar al fiscal encargado de cada investigación y se reforzará la autonomía funcional respecto a la policía judicial.
Aportaciones históricas y futura implementación
El desarrollo de esta reforma ha sido impulsado por décadas de debate y ha incorporado aportaciones previas realizadas por ministros tanto socialistas como populares. El texto actual busca dar respuesta a recomendaciones internacionales sobre justicia y modernización legal.
A pesar de su larga gestación, esta iniciativa promete transformar profundamente el panorama judicial español hacia un modelo más acorde con las exigencias contemporáneas y garantizar una administración de justicia más efectiva y equitativa.
Preguntas sobre la noticia
¿Qué cambios introduce el nuevo Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim)?
El nuevo proyecto atribuirá la instrucción a los fiscales, expulsará a los partidos políticos de la acusación popular y ampliará el mandato del fiscal general del Estado a cinco años, desvinculándolo de las legislaturas del Gobierno.
¿Cuándo entrará en vigor la nueva LOECrim?
La nueva ley entrará en vigor el 1 de enero de 2028.
¿Cómo se controlarán las investigaciones penales según la nueva ley?
La dirección de las investigaciones penales corresponderá al fiscal, mientras que un juez de garantías controlará la duración de las investigaciones y autorizará medidas cautelares.
¿Qué entidades estarán excluidas del ejercicio de la acusación popular?
Los partidos políticos, personas jurídicas públicas, sindicatos y asociaciones dependientes estarán excluidos del ejercicio de la acusación popular.
¿Qué se busca con la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal?
Se busca garantizar la autonomía del Ministerio Fiscal, prohibiendo que el Ejecutivo pueda dar indicaciones sobre asuntos concretos y asegurando que el fiscal general solo pueda ser removido por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones.
¿Qué aportaciones se han considerado para esta reforma?
La reforma ha sido elaborada con aportaciones de jueces, fiscales y profesores universitarios, aprovechando proyectos anteriores impulsados por ministros de Justicia tanto del PSOE como del PP.
Si (
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