Cumplirá o se arriesgará a la justicia: El ultimátum del Gobierno a Ayuso por el registro de objetores al aborto

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se encuentra en el centro de un intenso debate sobre la creación de un registro de objetores del aborto, una medida impuesta por la ley y que otras comunidades autónomas ya han adoptado. El Gobierno ha dado a Ayuso un mes para cumplir con esta normativa o se verá obligado a recurrir a la vía judicial.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado duramente la postura de Ayuso, afirmando que "se ha equivocado por partida doble". En su intervención tras el Consejo de Ministros, García subrayó que la presidenta regional parece creer que está "por encima de la ley" y del derecho de las mujeres. La ministra le instó a abandonar lo que calificó como una cruzada contra los derechos adquiridos por las mujeres y a seguir el ejemplo de otras comunidades.

¿Cederá ante la presión?

Con la advertencia del Gobierno en el aire, persiste la incertidumbre sobre si Díaz Ayuso finalmente optará por establecer el registro de objetores. La presión proviene tanto de Moncloa como del líder nacional de su partido, quien afirmó recientemente que su formación "cumple con la ley". Sin embargo, cuando se le preguntó al respecto, Ayuso ofreció una respuesta ambigua: "Voy a aplicar la normativa como lo he venido haciendo hasta el momento", declaró, insistiendo en que no habrá "listas negras" ni señalará a ningún profesional.

Esta declaración refleja una estrategia calculada; aceptar cumplir con la ley implicaría ceder ante el Gobierno, mientras que rechazarlo podría significar desobedecer a Feijóo. La presidenta parece intentar equilibrar estas presiones contradictorias.

Incoherencias en su discurso

Los argumentos presentados por Ayuso para justificar su negativa a crear el registro son en gran medida incompatibles con lo estipulado en la legislación vigente. Por un lado, sostiene que no va a señalar a nadie; sin embargo, la Ley del Aborto establece que el listado de objetores debe ser confidencial. Además, aunque afirma que no elaborará una lista negra, la normativa exige evitar cualquier tipo de discriminación hacia los objetores.

Ayuso también argumenta que inscribirse debe ser voluntario. No obstante, si un profesional decide no registrarse, teóricamente estaría obligado a realizar abortos. Estas contradicciones ponen en evidencia las dificultades que enfrenta para justificar su postura ante un tema tan delicado.

Cruzando palabras con Sánchez

Desprovista de argumentos sólidos para respaldar su posición, Ayuso ha optado por atacar al presidente Pedro Sánchez con comentarios personales. En sus declaraciones recientes, afirmó haber sufrido dos veces el drama del aborto y cuestionó si debía recibir lecciones del presidente del Gobierno. Su crítica fue acompañada por un tono desafiante hacia Sánchez.

La respuesta del Gobierno no tardó en llegar. Mónica García replicó que "machito es decirle a las mujeres que se vayan a abortar a otro sitio", refiriéndose a los comentarios previos de Ayuso sobre el acceso al aborto. La ministra añadió que este tipo de declaraciones son parte habitual del intento de desviar la atención por parte de Ayuso.

Blindaje constitucional del aborto

Este intercambio verbal se produce en un contexto más amplio donde el Gobierno ha comenzado los trámites para proteger el derecho al aborto en la Constitución. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, enfatizó que esta medida busca garantizar que las mujeres españolas no dependan de decisiones políticas individuales respecto a sus derechos reproductivos.

Díaz planteó una pregunta crucial: "¿El señor Feijóo se va a poner del lado de las mujeres españolas o va a seguir secuestrado por Vox?" Este interrogante resuena en medio del debate actual sobre derechos reproductivos y pone en relieve las tensiones dentro del panorama político español.

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