Este movimiento, responde a una denuncia presentada por el PSOE en diciembre de 2024, en la que se acusaba a la formación de haber recaudado fondos de manera opaca y, potencialmente, ilegal. La investigación pone bajo la lupa más de 4,6 millones de euros en donaciones y préstamos cuyo origen no ha sido suficientemente justificado, según las sospechas del Ministerio Público.
Una denuncia del PSOE como origen del caso
El caso tuvo su punto de partida el pasado 13 de diciembre, cuando el PSOE presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado tras realizar un análisis exhaustivo de las finanzas de Vox. Los socialistas señalaron varias irregularidades, entre ellas la captación de fondos mediante métodos poco transparentes, como el uso de "huchas o cajas de caudales" en mesas informativas instaladas en la vía pública desde al menos 2020. Además, el partido de Abascal fue acusado de beneficiarse de la venta de merchandising sin declarar adecuadamente los ingresos, así como de recibir un préstamo millonario de origen extranjero que podría contravenir la Ley de Financiación de Partidos Políticos.
Uno de los elementos más controvertidos de la denuncia es el préstamo de 9,2 millones de euros que Vox admitió haber recibido en septiembre de 2024 del banco húngaro Magyar Bankholding (MBH), una entidad vinculada al magnate Lörinc Mészáros, aliado del primer ministro húngaro Viktor Orbán. Este último, socio político de Vox en el Parlamento Europeo, ha levantado sospechas sobre una posible injerencia extranjera en la financiación del partido español. El PSOE argumenta que estas operaciones podrían constituir un delito tipificado en el artículo 304 bis del Código Penal, relativo a la financiación ilegal de formaciones políticas.
Las diligencias de Anticorrupción: Un proceso en marcha
Tras recibir la denuncia, la Fiscalía Anticorrupción, bajo la dirección del fiscal jefe Alejandro Luzón, decidió iniciar un procedimiento reservado para investigar los hechos. Según fuentes fiscales, se considera que existen indicios suficientes para profundizar en las sospechas de irregularidades. Las diligencias, que por el momento se mantienen bajo secreto, buscarán determinar si los fondos recibidos por Vox cumplen con la normativa española, que prohíbe explícitamente las aportaciones de gobiernos o entidades extranjeras a partidos políticos.
Entre los puntos clave de la investigación está el análisis de los 4,6 millones de euros en donaciones que el PSOE califica de "opacas". Estas habrían sido obtenidas a través de las mencionadas huchas callejeras y de la comercialización de productos promocionales, actividades que, según los denunciantes, carecen de una contabilidad clara y verificable ante el Tribunal de Cuentas. Asimismo, se examinará el préstamo húngaro, cuya cuantía —6,5 millones de euros según algunos tramos denunciados— podría haber sido utilizado para financiar actividades del partido sin los debidos controles.
La respuesta de Vox: Negación y contraataque
La reacción de Vox no se ha hecho esperar. Pepa Millán, portavoz del partido en el Congreso, ha restado importancia a la investigación y la ha enmarcado como una maniobra política del PSOE para desviar la atención de sus propios escándalos de corrupción. "El PSOE y el Gobierno están cercados por la corrupción", afirmó Millán en una declaración reciente, insistiendo en que el Tribunal de Cuentas tiene acceso a toda la información financiera de Vox y que no hay nada que ocultar. La formación ultraderechista ha defendido la legalidad de sus operaciones, argumentando que el préstamo húngaro fue una transacción legítima con una entidad privada, no un fondo estatal, y que las acusaciones carecen de fundamento.
Sin embargo, esta no es la primera vez que Vox enfrenta señalamientos por su financiación. En 2024, el Tribunal de Cuentas impuso al partido una multa de más de 200.000 euros por irregularidades relacionadas con el traspaso de 7 millones de euros a su fundación, Disenso, presidida por el propio Abascal. Además, un concejal de Valencia llegó a denunciar a la formación por presunta financiación ilegal, malversación y organización criminal, aunque dichas acusaciones no prosperaron en su momento.
Contexto político y repercusiones
La apertura de esta investigación llega en un momento de alta tensión política en España. Vox, que se ha consolidado como la tercera fuerza en el Congreso, ha intensificado su discurso contra el Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez, al tiempo que estrecha lazos con líderes populistas y ultraconservadores europeos como Orbán. La posibilidad de que se confirmen las irregularidades podría dañar su imagen de partido antisistema que denuncia la corrupción de las "élites tradicionales", un pilar clave de su narrativa.
El próximo paso de la Fiscalía Anticorrupción será practicar diligencias para recabar pruebas, un proceso que podría incluir solicitudes de documentación financiera, análisis de movimientos bancarios y, eventualmente, la toma de declaraciones. Si se hallan indicios sólidos de delito, el caso podría derivar en una querella formal contra Vox y sus principales responsables, lo que elevaría la investigación a los tribunales. Por el contrario, si las pesquisas no prosperan, las diligencias podrían archivarse, dando un respiro al partido de Abascal.
Mientras tanto, la sociedad española observa con atención un caso que no solo pone en cuestión la transparencia de Vox, sino que también reaviva el debate sobre la necesidad de endurecer los controles sobre la financiación de los partidos políticos. En un país donde los escándalos de corrupción han erosionado la confianza ciudadana durante décadas, esta investigación podría marcar un nuevo capítulo en la lucha por la accountability en la política.
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