El Gobierno español avanza hacia una gobernanza digital más transparente
En un movimiento significativo, el Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley que busca adaptar la normativa española a los estándares europeos en materia de servicios digitales y medios de comunicación. Este nuevo marco legal implica la modificación de tres leyes existentes, alineándose con los Reglamentos de la Unión Europea 2022/2065 y 2024/1083.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será designada como coordinadora de los servicios digitales, recibiendo competencias ampliadas para supervisar, controlar e inspeccionar plataformas digitales. Además, la Agencia Española de Protección de Datos asumirá la responsabilidad de vigilar las disposiciones sobre publicidad basada en datos personales sensibles y el perfilado de menores.
Nuevas obligaciones para proveedores digitales
El ministro López destacó que esta iniciativa permitirá a la CNMC asegurar que los proveedores de servicios digitales cumplan con las normativas establecidas. Esto incluye la obligación de crear canales para denunciar contenidos ilícitos, exigir transparencia en los criterios algorítmicos y proteger a los consumidores en transacciones online.
“Con esta medida, fortalecemos la protección de los derechos digitales y promovemos un entorno democrático más robusto”, afirmó el ministro. “Es esencial que tanto Europa como España ofrezcan un espacio digital seguro donde se respeten todos los derechos fundamentales”.
Sanciones severas por incumplimientos
El anteproyecto también introduce un régimen sancionador estricto, con multas que van desde 30.000 euros por infracciones leves hasta el 6% del volumen anual de negocios para infracciones muy graves.
Registro estatal de medios
Además, se prevé la creación de un registro público estatal para medios de comunicación bajo la supervisión de la CNMC. Este registro requerirá que los medios estatales mantengan actualizada información sobre su estructura propietaria y sus ingresos publicitarios. La consulta del registro será accesible al público.
Evaluación del pluralismo mediático
También se establecerán registros autonómicos coordinados con el estatal, así como procedimientos para evaluar el impacto en el pluralismo mediático ante operaciones de concentración en el sector, especialmente aquellas que superen ciertos umbrales establecidos reglamentariamente.
Finalmente, se modificarán las estructuras internas de la CNMC para adaptarse a estas nuevas responsabilidades asignadas por la legislación propuesta.
La noticia en cifras
| Categoría |
Cifra |
| Sanciones por infracciones muy graves |
Hasta el 6% del volumen de negocio anual |
| Multas por infracciones leves |
A partir de 30,000 euros |
| Fecha de la noticia |
25/02/2025 |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué es el anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno?
Es una iniciativa que adapta el ordenamiento jurídico español a la normativa europea sobre servicios digitales y medios de comunicación, estableciendo nuevas regulaciones y un régimen sancionador.
¿Quién será el coordinador de los servicios digitales según el anteproyecto?
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será designada como coordinador de servicios digitales, con amplias competencias en control y supervisión.
¿Qué tipo de sanciones se impondrán por infracciones muy graves en materia de servicios digitales?
Se podrán imponer sanciones de hasta el 6% del volumen de negocio anual del infractor para las infracciones muy graves.
¿Qué se creará para mejorar la transparencia en los medios de comunicación?
Se establecerá un registro público estatal de medios de comunicación donde se deberá inscribir información sobre su propiedad y financiación.
¿Cuál es el objetivo principal del anteproyecto en relación a los derechos digitales?
El objetivo es avanzar en la protección de los derechos digitales y asegurar un espacio digital seguro que respete todos los derechos fundamentales y específicos de los consumidores.
¿Cómo se evaluará el impacto sobre el pluralismo mediático?
Se establecerá un nuevo procedimiento liderado por la CNMC para evaluar el impacto sobre el pluralismo mediático en operaciones de concentración en el mercado de medios que superen ciertos umbrales establecidos reglamentariamente.
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