El Gobierno ha aprobado un Real Decreto para que el Registro Civil sea traspasado a los registradores mercantiles. Son funcionarios, pero sus registros son empresas privadas, que hacen concursos de acreedores y cuyos empleados pasan por despidos colectivos. Ahí quedará la vida jurídica de los españoles esta noche, cuando a las 07:00 horas se publique el Real Decreto.
La Ley 20/2011, del Registro Civil aprobada en la etapa del PSOE, desjudicializaba el Registro Civil, pero no determinaba qué funcionario se haría cargo del Registro, donde se custodian los nacimientos, matrimonios, incapacitaciones y fallecimientos de los españoles. No tenía mucho sentido que el Registro Civil fuera responsabilidad de los jueces, como hasta ahora, pero se pensaba que pasaría a ser responsabilidad de los secretarios judiciales, que sí son funcionarios.
La decisión ha sido adoptada a espaldas de la mayoría de los operadores jurídicos -sólo un pequeño núcleo de registradores estaba en las deliberaciones- y de los propios funcionarios y trabajadores.
El transcurrir el tiempo creaba una vacatio legis que ha llevado a Gallardón a resolverla vía Real Decreto que, en realidad, está reservada por la Constitución para los casos de urgencia y necesidad.
La decisión ha sido adoptada a espaldas de la mayoría de los operadores jurídicos -sólo un pequeño núcleo de registradores estaba en las deliberaciones- y de los propios funcionarios y trabajadores.
Y es que el transcurrir el tiempo creaba una vacatio legis que ha llevado a Gallardón a resolverla vía Real Decreto que, en realidad, está reservada por la Constitución para los casos de urgencia y necesidad.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, lleva meses de tiras y aflojas intentando que el Registro Civil pase a manos de los registradores. Sin embargo, los rumores hacían que el Ejecutivo se echara para atrás en cuanto los secretarios judiciales, los sindicatos y los juristas enseñaban los dientes ante esta medida.
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