En esta ocasión han vuelto a poner el foco sobre el Banco Santander, el BNP Paribas y sus responsables, Ana Patricia Botín; su padre Emilio Botín y el exconsejero delegado de la entidad financiera, Alfredo Sáenz.
El abogado de la PAH en Madrid, Rafael Mayoral, ha registrado en la Audiencia Nacional (AN) este jueves una ampliación de la demanda que interpuso en octubre por fraude continuado contra la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), participada al 50% por cada entidad.
Una ampliación que extiende a otra financiera, Credifimo, perteneciente a Caixabank, acusada del mismo delito cuyas víctimas no han sido sólo las familias que no han podido hacer frente a las cuotas de la hipoteca, sino todo los ciudadanos, ya que "el Banco Central Europeo (BCE) también es una víctima de estas prácticas", ha asegurado Mayoral.
En total, son más de cien los afectados por las llamadas hipotecas basura o subprime que están personadas en esta demanda, ha explicado Mayoral a las puertas de la AN tras entregar la documentación.
En ella se recogen los indicios que la Plataforma ha recopilado sobre presuntos delitos de estafa continuada por la venta sistemática de productos financieros tóxicos: las hipotecas basura o subprime; también por presuntos delitos contra el consumidor, contra el orden socioeconómico y asociación ilícita en concurso con organización criminal, ha añadido el letrado.
El modus operandi de estas operaciones consistía en vender hipotecas para cambiar o adquirir viviendas con unas condiciones que "hacían previsible el impago de un elevado número", sin embargo, estas financieras las concedían sin advertir de los riesgos a las personas que las firmaban.
A los bancos no les importaba que no se devolviesen los créditos porque su objetivo era lo que se conoce como titulización: trasmitir el riesgo de impago -que era alto- "para incrementar su negocio y obtener mayores beneficios", aseguran desde la PAH en su informe.
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