El juez instructor del caso Nóos, José Castro, informa a las partes de que la declaración como imputada el 8 de febrero de la infanta Cristina solo se grabará en audio, y no en vídeo, a petición de la defensa de ésta.
Según han informado fuentes judiciales, Castro hizo el anuncio al inicio de la declaración como testigo de una funcionaria de la Agencia Tributaria que participó en la investigación de la actividad económica de la infanta a través de Aizoon, la empresa que compartía con su esposo, Iñaki Urdangarin. Antes de que diera comienzo la declaración de la testigo, los abogados de la Infanta han trasladado al juez su petición de que la comparecencia sea registrada sólo en audio, lo que evitará que se difundan imágenes de la encausada declarando.
Lo habitual es que las declaraciones sean captadas en vídeo para posteriormente ser plasmadas en formato papel, excepto si la parte afectada solicita expresamente que su deposición sea transcrita al mismo tiempo que se le interroga. Así sucedió en la primera declaración de Iñaki Urdangrin, efectuada en febrero de 2012, quien pidió que el interrogatorio no fuese grabado, como así sucedió.
La AEAT responde ante Castro
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, interroga a los tres inspectores de la Agencia Tributaria (AEAT) que exoneraron a la Infanta Cristina de defraudar a Hacienda a través de la empresa Aizoon, cuya titularidad comparte al 50% con Iñaki Urdangarin, al alegar que no se le puede considerar partícipe o cooperadora necesaria de los supuestos delitos cometidos por su marido al frente de la mercantil.
Junto a estos peritos, el magistrado también tomará declaración al propuesto por el sindicato Manos Limpias para rebatir las consideraciones del fisco, a la inspectora jefe del Grupo de Delincuencia de la Policía Nacional en Baleares, y a los representantes de siete empresas para las que Urdangarin realizó asesorías que facturó a través de Aizoon, y por las que ingresó 645.453 euros en 2007 y 494.156 un año después.
En lo que a los inspectores de Hacienda se refiere, éstos pusieron de manifiesto en un informe que no existe "un sólo indicio incriminatorio" respecto a la hija del rey "más allá de ser titular en un 50% de la sociedad Aizoon".
La AEAT sostiene que ni siquiera al inspeccionar la actuación "fraudulenta y evasora" de Urdangarin, a quien Hacienda atribuye el impago de más de 240.000 euros entre 2007 y 2008 del IRPF, se desprenden indicios de cooperación o complicidad por parte de su mujer.
Sin embargo, a juicio de la Audiencia Provincial de Baleares, que en mayo de 2013 abrió la vía para que la Infanta fuese investigada por delito fiscal y de blanqueo de capitales, tanto Urdangarin como su mujer se habrían beneficiado, como socios de Aizoon, de los ingresos procedentes del Instituto Nóos -que a su vez percibió, de forma presuntamente irregular, ingentes cantidades de dinero público- así como de los fondos supuestamente defraudados a Hacienda a través de la empresa de la que ambos son cotitulares.
Casi 70.000 euros podrían incriminar a la infanta
Los peritos de la AEAT, citados a petición de la Fiscalía Anticorrupción a fin de que puedan someter a ratificación o contradicción sus informes, deberán arrojar luz asimismo en torno a los 69.990 euros que Aizoon pagó en 2007 a Intuit, una de las sociedades instrumentales del exsocio de Urdangarin Diego Torres, a través de tres facturas que, de resultar falsas, permitiría imputar un delito fiscal a la infanta puesto que el importe no habría sido declarado en el impuesto de sociedades.
De hecho, en el auto por el que Castro citó como imputada a la duquesa de Palma, cuya comparecencia está prevista el próximo 8 de febrero, el juez recoge las afirmaciones efectuadas por la propia Agencia Tributaria en el sentido de que tanto Intuit como Aizoon carecían de la estructura empresarial necesaria para poder acometer y ejecutar los trabajos que constan como concepto en las facturas -servicios de asesoramiento y consultoría-, formaban una única empresa sometida a unidad de decisión y eran "instrumentos para drenar y distribuir los recursos obtenidos".
Tanto es así que el magistrado asevera no poder calificar como deducibles, a efectos de la liquidación del Impuesto de Sociedades correspondiente a 2007, gastos que "sólo vienen pretendidamente amparados por documentos en los que concurren tan serias y graves irregularidades indiciarias de delito". Así, partiendo de que los 69.900 euros no son deducibles como gastos generados para que Aizoon pudiera obtener los ingresos que fueron declarados ese año, la liquidación arroja una cuota superior a 120.000 euros "y, por ende, indiciaria de la comisión de un delito fiscal".
Rajoy nos animó
El colectivo Frente Cívico Somos Mayoría (FCSM), liderado entre otras personas por el ex secretario general del PCE y excoordinador de Izquierda Unida Julio Anguita, presenta un escrito en el juzgado número 3 de Palma de Mallorca solicitando al juez José Castro personarse como acusación popular en el caso Nóos.
"Veíamos que en este caso, que tiene como imputada a la infanta Cristina, queda reflejado cómo la Justicia tiene un criterio u otro dependiendo del nivel social" de las personas juzgadas, relatóel portavoz del FCSM,Ginés Fernández, quien incidió en que "ha sido definitivo para tomar esta decisión la entrevista del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una entrevista en televisión en la que preguntado por la infanta dijo que le irá bien porque es inocente.
Es Rajoy el que nos invita a hacer este esfuerzo". "Eso, sin duda, ─añadió─ está situando al fiscal en una línea concreta y como estábamos percibiendo que el fiscal se estaba comportando más como abogado defensor que como defensor del Estado.
Si (
No(
