Durante toda su tramitación parlamentaria, tanto diputados como senadores de la oposición han criticado que la normativa se haya tramitado por el procedimiento de urgencia, en un momento en el que se está modificando la directiva europea de Evaluación Ambiental, lo que obligará al Gobierno a modificar la nueva ley en el plazo de dos años.
Además, han rechazado la falta de rigurosidad en las evaluaciones de impacto ambiental que propone la nueva ley, en aras de favorecer, simplificar y agilizar los procedimientos, que hasta hora podían demorarse hasta 10 años, algo que puede conllevar beneficios para intereses económicos.
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