El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU hace públicas las observaciones finales sobre las actuaciones emprendidas por España para perseguir las desapariciones forzadas de miles de personas durante los años de la dictadura franquista.
El documento muestra preocupación porque el marco normativo en vigor en España "para prevenir y sancionar las desapariciones forzadas así como algunas decisiones adoptadas en la materia no estarían en plena conformidad con las obligaciones que la Convención impone a los Estados que la han ratificado".
Como primera recomendación, pide a España que cree un delito autónomo que castigue las desapariciones forzadas, con penasapropiadas "que tengan en cuenta su extrema gravedad", ya que hasta ahora el Codigo Penal castiga estas conductas en artículos dispersos.
Además, y en relación a la investigación de presuntos casos de desaparición forzada del franquismo, el informe considera preocupante que nuestro Tribunal Supremo esgrimiera el argumento de la existencia de una ley de amnistía y la muerte de los presuntos responsables, o que el Supremo en una resolución de 2012 indicara que "la permanencia del delito no deja de ser una ficción contraria a la lógica jurídica. No es razonable argumentar que un detenido ilegalmente en 1936, cuyos restos no han sido hallados en el 2006, pueda racionalmente pensarse que siguió detenido más allá del plazo deprescripción de 20 años, por señalar el plazo máximo".
El documento que culmina el trabajo que ha realizado un grupo de expertos de Naciones Unidas que visitaron España a finales de septiembre durante una semana reclama, de esta forma, a nuestro país una investigación de oficio "exhastiva e imparcial" que culmine con graves condenas a los responsables de esos delitos, así como la reparación y rehabilitación adecuadas de las víctimas.
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