El Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha amenazado con llevar a los tribunales el anteproyecto de ley que busca regular la colaboración público-privada en el ámbito sanitario. El consejero Miguel Ángel García Martín criticó a la ministra Mónica García, acusándola de intentar "exportar el caos" a otras comunidades autónomas y de interferir en las competencias exclusivas de Madrid. La ministra, por su parte, defendió la ley como un medio para frenar prácticas mercantiles en la sanidad y destacó que la normativa no prohíbe la colaboración pública-privada sana. Además, señaló que se busca acabar con la malversación de fondos públicos destinados a la sanidad en Madrid.
El Gobierno de España ha aprobado la creación de 50 nuevas plazas de jueces y 42 de fiscales especializados para reforzar las Secciones de Violencia sobre la Mujer, como parte de un Real Decreto impulsado por el Ministerio de la Presidencia y Justicia. Esta medida responde a la Ley Orgánica 1/2025, que amplía las competencias para incluir todos los delitos sexuales contra mujeres, cumpliendo con el Convenio de Estambul. Se espera un aumento del 50% en jueces especializados, mejorando la atención a víctimas de violencia de género. Además, se crearán Secciones especializadas en Violencia sobre la Infancia en Madrid, Barcelona y Málaga. Las nuevas plazas comenzarán a funcionar el 31 de diciembre de 2025.
La Audiencia Nacional confirma la Resolución del TEAC que obliga al Barcelona C.F. a pagar 23 millones por las retribuciones a los agentes de jugadores entre 2012 y 2015. Según explica la resolución, la cuestión de fondo es la naturaleza de los servicios prestados por los agentes de los jugadores.
El Tribunal Supremo aprecia desviación de poder en la propuesta del Fiscal General del Estado para promover a Dolores Delgado como fiscal de Sala.
La Audiencia Nacional ha condenado a 19 años de cárcel al comisario José Manuel Villarejo por delitos de revelación de secretos de empresa en la pieza Iron y de particulares en la pieza Land, además de por falsedad en documento mercantil, mientras que le ha absuelto de cohecho en ambas y de extorsión en grado de conspiración en la pieza Pintor.
El tribunal también le ha impuesto la prohibición de comunicarse con la víctima y de acercarse a ella durante 22 años, así como el pago de una indemnización de 30.000 euros.
El juez concluye sin procesamiento la causa por la querella del activista contra el líder del Frente Polisario Brahim Ghali. El magistrado explica que “de las diligencias practicadas no pueden seguirse indicios racionales de criminalidad en relación a los hechos investigados respecto de la comisión de los delitos imputados”.
|
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido no crear un registro de objetores de conciencia para el aborto, dejando la decisión en manos de los tribunales. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, afirmó que su administración defiende un aborto legal y seguro, y rechazó la presión del Gobierno central para cumplir con la normativa. Mientras otras comunidades autónomas han acatado la ley, Madrid se mantiene firme en su postura, priorizando la libertad de objeción y criticando al Gobierno por su enfoque.
El Gobierno de España y la Generalitat Valenciana han acordado reforzar la Justicia para gestionar los procesos derivados de la DANA. La consellera Nuria Martínez y el ministro Félix Bolaños se han comprometido a trabajar conjuntamente para evitar la sobrecarga en los juzgados, incluyendo el nombramiento de un juez de refuerzo en Catarroja. Además, se implementará la Ley de Eficiencia en la Comunitat Valenciana, transformando 417 juzgados unipersonales en 36 Tribunales de Instancia. Este acuerdo busca agilizar la tramitación y mejorar la eficiencia del sistema judicial en la región.
Una jueza de Zaragoza desahucia a un hombre de la casa de sus padres, con los que convivía, por impago. Añade que la relación de parentesco entre las partes no determina la atribución de título para el uso del inmueble.
Argumentan que las declaraciones de la mujer a lo largo del procedimiento “no han sido coincidentes en aspectos esenciales para la determinación de los hechos acaecidos y no han despejado datos que son básicos para atribuir al denunciado la agresión sexual denunciada”.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha confirmado la sentencia dictada por un juzgado de lo Penal que impuso seis años y medio de prisión a un maltratador multirreincidente.
La sentencia, que cuenta con un voto particular, le condena al pago de una multa de seis meses a razón de 15 euros el día y a indemnizar a la familia del finado con 108.000 euros.
El TSXG ordena volver a juzgar a la vecina de Muimenta (Lugo) condenada por asesinar a su hija. Los magistrados anulan la sentencia porque aseguran que “carece de motivación en un elemento esencial: la determinación del grado de imputabilidad de la acusada”.
|
