Hacienda

Kiko Matamoros y Makoke enfrentan un juicio en la Audiencia Provincial de Madrid por presunta ocultación de bienes para evadir el pago de impuestos a Hacienda. La Fiscalía solicita cinco años y seis meses de prisión para Matamoros, así como una multa de 33.000 euros y una indemnización de 636.697 euros a Hacienda. Makoke, acusada de ser cooperadora necesaria, podría recibir cuatro años de cárcel y multas que suman 30.750 euros. Las deudas acumuladas por Matamoros entre 2009 y 2014 ascienden a más de un millón de euros. Se le acusa de haber diseñado un plan para proteger su patrimonio mediante la utilización de empresas y la ocultación de ingresos, incluyendo la compra de una vivienda a nombre de Makoke para evitar reclamaciones fiscales.

El escándalo de las viviendas protegidas en Alicante se agrava con la inclusión de dos personas vinculadas a la concejala de Hacienda, Nayma Beldijilali, en la lista de beneficiarios. Una de ellas tiene una amistad previa con Beldijilali y la otra es hermana de su secretaria. Compromís ha exigido explicaciones sobre la supresión de fotos que evidencian esta relación. Hasta el momento, cerca del 10% de las viviendas han sido adjudicadas a personas relacionadas con el consistorio, incluyendo a un policía local y familiares de funcionarios. La situación ha llevado a dimisiones en el Ayuntamiento y a la apertura de diligencias por parte del Tribunal de Instancia de Alicante para investigar posibles irregularidades en la adjudicación de estas propiedades. El alcalde, Luis Barcala, continúa defendiendo su gestión frente a las críticas.

El Gobierno de España ha publicado la Orden del IRPF para 2026, que mantiene una reducción del 5% en la tributación a través del sistema de estimación objetiva, conocido como sistema de módulos. Esta normativa, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), beneficia principalmente a agricultores, ganaderos y autónomos de sectores como el transporte y comercio al por menor. Además, se mantienen las instrucciones para el régimen especial simplificado del IVA, asegurando así un apoyo continuo a los profesionales que utilizan este método de tributación.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el procesamiento de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, quien deberá enfrentar un juicio tras rechazar su recurso de apelación. González Amador está acusado de varios delitos, incluyendo fraude fiscal y falsedad documental, por presuntamente defraudar a Hacienda más de 350.000 euros entre 2020 y 2021 mediante un entramado de facturas falsas. La Fiscalía solicita para él una pena de tres años y nueve meses de cárcel, mientras que la acusación popular pide cinco años. Además, se encuentra implicado en una investigación por corrupción relacionada con sus negocios.

El rey Juan Carlos I ha devuelto más de cuatro millones de euros que le fueron prestados para saldar sus deudas con Hacienda, según informa 'El Mundo'. Este pago se produce cinco años después de su autoexilio en Abu Dabi, donde ha generado ingresos a través de documentales y operaciones comerciales. Entre finales de 2020 y principios de 2021, el emérito realizó dos regularizaciones fiscales, incluyendo un pago significativo por viajes en jet privado. Para cubrir estas deudas, firmó préstamos con empresarios anónimos, los cuales ha reembolsado completamente. Desde su salida de España en agosto de 2020, sus visitas han aumentado tras el archivo de las investigaciones en su contra por parte de la Fiscalía.

La tabacalera Philip Morris realizó pagos cercanos a dos millones de euros al despacho Equipo Económico, fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. A pesar de estas transacciones, no se obtuvo ningún beneficio fiscal para el sector del tabaco. La compañía ha afirmado su compromiso con la transparencia y el cumplimiento legal, limitando su colaboración a servicios de asesoramiento estratégico. Este caso está vinculado al sumario del caso Montoro, que también involucra a figuras del Partido Popular, como Ricardo Romero de Tejada. El nuevo borrador de impuestos sobre el tabaco busca aumentar la carga fiscal sin ofrecer reducciones en los impuestos existentes.

Tres acusados de fabricar facturas falsas para Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, han negado los cargos y solicitado la nulidad de la condena al ex fiscal general Álvaro García Ortiz. Argumentan que la información utilizada en la investigación fue obtenida de manera delictiva. Los acusados, vecinos de Arahal, están implicados en un caso de fraude fiscal por 350.951 euros entre 2020 y 2021, donde se les acusa de delitos contra la Hacienda pública y falsedad documental. La Audiencia Provincial de Madrid investiga el caso, mientras que las acusaciones del PSOE y Más Madrid piden penas más severas.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado un nuevo modelo de financiación autonómica que incrementará en 20.975 millones de euros los recursos para las comunidades autónomas en 2027. Este modelo busca mejorar la equidad en la distribución de fondos, garantizando que todas las comunidades puedan ofrecer servicios públicos de calidad y adaptándose a las singularidades territoriales. Se prevé un aumento significativo en la capacidad tributaria de las autonomías, así como mecanismos de solidaridad interterritorial y nivelación vertical para reducir las diferencias en financiación por habitante. La propuesta será discutida en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) extraordinario programado para el próximo miércoles.

El déficit del Estado español a finales de octubre de 2025 se ha situado en el 1,34% del PIB, lo que representa una disminución del 17% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según datos del Ministerio de Hacienda, este déficit equivale a 22.582 millones de euros y refleja una notable reducción en los ingresos y gastos públicos. Los recursos no financieros han aumentado un 8,6%, alcanzando los 260.206 millones de euros, impulsados principalmente por un crecimiento del 9,8% en la recaudación fiscal. Además, se ha registrado un superávit primario de 6.594 millones de euros, equivalente al 0,39% del PIB. Este informe también destaca la evolución positiva en las transferencias entre administraciones y el aumento en las cotizaciones sociales.

La Intervención General de la Administración del Estado ha determinado que los contratos adjudicados a Juan Carlos Barrabés, recomendado por Begoña Gómez, podrían haber incurrido en "fraude de ley". Según un informe, la valoración de las ofertas no fue realizada por un Comité de Expertos como exige la legislación, sino por la Mesa de Contratación de Red.es, que carecía de competencia para hacerlo. Este incumplimiento pone en duda la validez de las adjudicaciones, que suman más de 15,6 millones de euros. Además, se han encontrado irregularidades en los documentos técnicos relacionados con estas valoraciones.

El Ministerio de Hacienda ha comenzado el proceso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2026, tras la aprobación de una Orden publicada en el Boletín Oficial del Estado. Este primer paso busca establecer criterios y orientaciones para los recursos públicos, con el objetivo de continuar impulsando un crecimiento sostenible y justo en España. Las cuentas públicas se centrarán en la creación de empleo, la accesibilidad a la vivienda, y la sostenibilidad medioambiental, además de reforzar los servicios públicos esenciales. La política fiscal responsable ha permitido reducir el déficit público y mantener un crecimiento económico por encima de la media europea. Se espera que las propuestas se remitan a la Dirección General de Presupuestos antes del 12 de septiembre de 2025, con miras a presentar un presupuesto que beneficie a la mayoría social del país.

El Ministerio de Hacienda ha anunciado que en 2026 las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla recibirán un total de 156.990 millones de euros, marcando un récord histórico con un incremento del 6,5% respecto al año anterior. Esta cifra se complementará con la liquidación de 2024, alcanzando un total de 169.560 millones para el sistema de financiación en ese año, un aumento del 7,2%. La medida busca proporcionar certidumbre presupuestaria a las administraciones autonómicas, facilitando la elaboración de sus cuentas públicas. Además, el Gobierno ha realizado transferencias significativas para garantizar la calidad de los servicios públicos y apoyar a las comunidades en su autonomía financiera.

El déficit de las Administraciones Públicas en el primer trimestre de 2025 se ha situado en el 0,28% del PIB, lo que representa una disminución del 12,3% en comparación con el año anterior. Según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda, el déficit consolidado de la Administración central, comunidades autónomas y Seguridad Social alcanzó un 0,33% del PIB en abril de 2025. Esta información es relevante para entender la evolución económica y fiscal del país. Para más detalles, visita el enlace a la noticia completa.