Menores de edad

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha condenado a 9 años y 6 meses de prisión a un hombre de 36 años que violó al hijo de 10 años de una amiga en una vivienda de Pamplona.

Entre las detenciones realizadas está la de un investigado que se encontraba en prisión, cumpliendo condena por un delito de agresión sexual. A otro de los detenidos se le imputa, además de la distribución de pornografía infantil, un delito de child grooming, mientras que a uno de los arrestados se le imputa también un delito de producción pornografía infantil por tomar imágenes explícitas de su hija menor.

Parece que el devenir de los acontecimientos nos ha hecho olvidar que seguimos inmersos en una pandemia mundial. La muerte del pequeño Jasper Cook, de solo ocho años de edad, nos ha recordado de la peor forma posible que el virus sigue ahí y que, pese a los avances, hay que seguir tomando precauciones.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 37 personas que formaban un grupo criminal dedicado, presuntamente, a la explotación sexual de menores de edad. Además de prostituirlas, también las utilizaban para la venta de sustancias estupefacientes.

Pedían entre 500 y 2.000 euros por no publicar unas imágenes en las que se veía a las víctimas participando en videochats sexuales con menores. Los vídeos originales contenían imágenes con adultos, que los detenidos manipulaban incluyendo menores para llevar a cabo las extorsiones.

El arrestado aprovechaba la ausencia de los padres de los niños para, durante aproximadamente un año, abusar de ellos y agredirles si se negaban a realizar alguna de las prácticas. Portaba la documentación de su hermano y guardaba multitud de medidas de seguridad para no ser identificado, además, contaba con tres reclamaciones judiciales por delitos de agresión sexual, estafa y descubrimiento y revelación de secretos.

El Gobierno ha decidido flexibilizar los requisitos sanitarios de entrada a España para personas de entre 12 y 17 años procedentes de estados no comunitarios.

Los menores han sido condenados por delitos de acoso y daños a un año de tareas socioeducativa, con contenido formativo. La sentencia pone de manifiesto la pasividad y desidia de los directivos del centro educativo ante este caso.