La Abogacía del Estado ha solicitado el archivo de la pieza separada contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, al no encontrar elementos que sustenten un delito de malversación. El escrito argumenta que Gómez no es funcionaria pública y, por lo tanto, no puede ser acusada de dicho delito. Además, se destaca que las funciones desempeñadas por su asesora, Cristina Álvarez, se limitan a tareas inherentes a su cargo y no han causado perjuicio al erario público. Esta decisión se produce en un contexto donde Begoña Gómez ha sido citada varias veces por el juez Juan Carlos Peinado para abordar diversas acusaciones relacionadas con tráfico de influencias y corrupción.
