El juez Juan Carlos Peinado, encargado de la investigación que involucra a Begoña Gómez y su asistenta en Moncloa, Cristina Álvarez, ha reiterado su solicitud para obtener los pasaportes de ambas. Este requerimiento se enmarca dentro de un proceso judicial que busca esclarecer si las investigadas realizaron viajes fuera de Europa relacionados con la cátedra universitaria que Gómez dirigía.
De acuerdo con los documentos del caso, el magistrado tiene como objetivo determinar fechas, duración y circunstancias de posibles desplazamientos internacionales. Esto es crucial para averiguar si se llevaron a cabo gestiones vinculadas a la mencionada actividad académica y si, en este contexto, la asistenta —que forma parte del personal adscrito a la Presidencia del Gobierno— participó en tareas que no corresponden a sus funciones oficiales.
Viajes y uso de recursos públicos
La investigación se centra en comprobar si hubo un uso indebido de recursos públicos para fines privados. En este sentido, el pasaporte se considera una herramienta fundamental para verificar los desplazamientos realizados y su coincidencia temporal con actividades relacionadas con la cátedra universitaria. Es importante destacar que el requerimiento judicial no implica la incautación del documento, sino simplemente su presentación para verificación.
A pesar de que han pasado más de dos meses desde que se solicitó esta información, aún no se ha recibido la entrega de los pasaportes por parte de las investigadas. Ante esta situación, el juez ha solicitado a la Policía Judicial que recabe toda la información necesaria sobre los procedimientos disponibles para hacer cumplir este requerimiento.
Posibles consecuencias legales
Fuentes del ámbito jurídico advierten que el incumplimiento repetido de un mandato judicial puede tener consecuencias procesales adicionales. La legislación prevé sanciones por desobediencia si persiste una negativa injustificada a cumplir con una orden emitida por un juez durante el ejercicio de sus funciones.
Desde el entorno de la investigación se enfatiza que cualquier persona sometida a un procedimiento judicial tiene derecho a impugnar las decisiones del instructor, pero siempre por medios legales establecidos, como la presentación de recursos, y no mediante la omisión de requerimientos.
La investigación sigue abierta, esperando aclarar los desplazamientos objeto de análisis. El juez busca definir con precisión los hechos para determinar si existen indicios suficientes que justifiquen avanzar en el caso o adoptar nuevas medidas.
Preguntas sobre la noticia
¿Qué está investigando el juez Juan Carlos Peinado?
El juez investiga si Begoña Gómez y su asistenta realizaron viajes fuera de Europa relacionados con la cátedra universitaria que dirigía Gómez.
¿Por qué se reclaman los pasaportes de Begoña Gómez y su asistenta?
Se reclaman para esclarecer las fechas, duración y circunstancias de posibles viajes internacionales vinculados a la actividad académica de Gómez.
¿Cuál es el objetivo de la investigación?
El objetivo es verificar si hubo uso indebido de recursos públicos para actividades privadas y determinar si se realizaron gestiones ajenas a las funciones públicas de la asistenta.
¿Qué consecuencias podría haber por no entregar los pasaportes?
El incumplimiento reiterado de un mandato judicial puede acarrear consecuencias procesales adicionales, incluyendo una posible infracción o delito de desobediencia.
¿Qué derechos tienen las personas sometidas a un procedimiento judicial?
Tienen derecho a discrepar de las decisiones del instructor, pero deben hacerlo a través de los cauces legales establecidos, como la presentación de recursos.
¿Cuál es el estado actual de la investigación?
La investigación sigue abierta mientras se espera esclarecer los desplazamientos objeto de análisis y determinar si hay indicios suficientes para avanzar en la causa.
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