La propuesta de Reglamento sobre deforestación, discutida actualmente por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, debe exigir a las empresas que respeten los derechos de las comunidades indígenas y tradicionales sobre sus tierras, territorios y recursos o, de lo contrario, incumplirá sus objetivos. Así se manifiestan 191 organizaciones indígenas, ecologistas y de derechos humanos de 62 países en una carta abierta a las distintas instituciones de la UE.
