Jueces y fiscales exigen medios personales y materiales adecuados para que este volumen de trabajo no colapse los juzgados, y para dar una respuesta contundente y rápida a lo que los ciudadanos colocan como segundo problema de España, tras el paro.
Una vez que, hace casi dos años, ETA anunció el cese de sus actividades, el problema del terrorismo ha ido perdiendo importancia en los tribunales, y ganándola las causas de corrupción y fraudes y estafas económicas, seguidas con especial indignación por los ciudadanos al coincidir con la situación de crisis.
El presidente del Supremo y del CGPJ, Gonzalo Moliner, ordenó este año recabar información a todos los juzgados para establecer un mapa general de la corrupción en España, con el fin de acordar los refuerzos necesarios que permitiesen luchar contra los retrasos en las causas que más alarma social producen.
El resultado fue que, a fecha abril de este año, había abiertos en los juzgados españoles 1.661 investigaciones de casos de corrupción política o financiera, de los cuales 302, por complejidad y número de implicados, eran calificados como macroprocesos y en los que al no existir un tipo penal concreto de corrupción política o financiera, los delitos que se investigaban eran alguno o varios de los siguientes: prevaricación por funcionarios públicos; infidelidad en la custodia de documentos, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios, receptación, blanqueo de capitales, delitos contra el patrimonio histórico, apropiación indebida, fraudes, estafas, y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
El Consejo del Poder Judicial echó parte de la culpa del retraso en la instrucción de estos asuntos a la Agencia Tributaria y a las unidades especializadas en delincuencia organizada de la Policía y la Guardia Civil (UDEF y UDYCO, respectivamente), por su lentitud en la emisión de informes que le piden los jueces para investigar la corrupción.
Los seis jueces centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional y los fiscales coinciden en reclamar, precisamente, la adscripción a los juzgados de funcionarios de Hacienda y de la Intervención del Estado, a quienes no se coloque como un trabajo extra adicional la cooperación con los tribunales. Y reclaman además tener acceso informático a archivos de datos públicos.
El Rey está mayor
En este acto en el que se celebra la apertura del Año Judicial se ha puesto en evidencia algo que ya apuntó la semana pasada la princesa alemana Corinna cuando dijo: "El rey es una persona mayor que lucha contra sus problemas de salud y necesita la mayor ayuda posible". Durante el acto sólo tenía que leer cuatro frases cortas dando paso a dos oradores: el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner.
Eran frases sencillas, sólo había que decir: "Tiene la palabra el Fiscal General del Estado", esperar a que hablase, dar la palabra al presidente del CGPJ y, por último, cuando terminaran los dos oradores, dar por inaugurado el Año Judicial. Apenas diez minutos.
Pero el rey fue incapaz de seguir tan sencillo guion y dio paso dos veces al Fiscal General del Estado. Tuvo que ser el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el que le enmendara la plana.
El Fiscal General del Estado aprovecha la ocasión para defender la “Unidad de España”
El fiscal general del Estado realizó este lunes un cerrado alegato en favor de la unidad de España, "indivisible e indisoluble", en su discurso ante el rey, el ministro de Justicia y toda la cúpula judicial, con motivo del acto de apertura de los tribunales, celebrado en el salón de plenos del Tribunal Supremo.
"Monarquía y Estado, Nación y Constitución, como fundamento de la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles", defendió Eduardo Torres-Dulce en su intervención.
El máximo responsable de la Fiscalía del Estado, que hace unos meses forzó la renuncia del fiscal jefe de Catalunya, Martín Rodríguez-Sol, por avalar el derecho a la convocatoria de algún tipo de consulta al pueblo catalán, introdujo estas referencias a la unidad de España en su discurso cinco días después de la celebración de la Diada, donde numerosos catalanes volvieron a reivindicar su derecho a decidir.
Si (
No(
